Vaca Muerta está matando a la PIAP

En marzo el presidente de la CNEA, Calzetta Larreu, viajó a China con una decisión tomada, un cambio en la política nuclear argentina.

Cuando asumió Mauricio Macri tenía sobre su escritorio el borrador de acuerdo con la República Popular China para la construcción y puesta en marcha de dos nuevas centrales nucleares financiadas íntegramente por ese país, a bajo costo, y con cancelación a partir del octavo año de su ejecución. En síntesis, una vez que las nuevas centrales comenzaran a producir y vender energía se pagaría el crédito. Ni el Tesoro ni el BCRA debían afrontar los préstamos o el financiamiento.

Con esas centrales, la PIAP tendría un importante horizonte de producción más el potencial mercado de Agua Pesada. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica existen en el mundo 48 reactores nucleares de tecnología Uranio Natural-Agua Pesada que producen 24.557 MW, lo que significa una demanda del orden de los 360 Tn/año para las centrales en operación.

Entonces, con la necesidad energética que tiene nuestro país y la posibilidad de desarrollar el mercado nuclear, ¿porque el gobierno no continuó las conversaciones con China?

El significado de esta decisión estratégica pasa por entender que Argentina comenzó a girar hacia los mercados de Occidente y la tecnología nuclear desarrollada en nuestro país está concentrada en países asiáticos y de Medio Oriente.

Las presiones internacionales que tiene la administración Macri para cerrar la PIAP pasa por tranquilizar a los grupos de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. Estos países necesitan el reaseguro que Argentina no podrá comercializar –en ningún momento- Agua Pesada a países como Corea del Norte, Irán, China, Pakistán, entre otros.

Para sintetizar, la decisión de cerrar la PIAP no pasa por la falta de mercado sino por la seguridad internacional.

La Provincia, un socio necesariamente cómplice

Para desarticular la Planta Industrial de Agua Pesada y convertirla en otra industria o en chatarra es necesario tener un socio local que pueda llevar a cabo el trabajo.

En realidad, la ENSI intentó por varios meses obtener un preventivo de crisis por parte de la autoridad laboral, pero al tener ingresos de la unidad de Servicios se hace prácticamente imposible justificar el preventivo y reducir las indemnizaciones al cincuenta por ciento.

Al encontrarse con una legislación que no permite avanzar en esta línea, la Secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui envió una nueva propuesta. Reubicar una parte del personal en el área de Obras y Servicios y la otra, ofrecerles un retiro voluntario.

Según manifestaron los delegados del gremio, el famoso retiro voluntario contempla el sueldo neto percibido al año 2017 más la cantidad de años de antigüedad. En términos económicos, un trabajador con 5 años de permanencia en la empresa que percibe un salario promedio de $ 50.000 mensuales cobraría un monto indemnizatorio de $ 350.000; cuando debería cobrar una indemnización promedio de $ 550.000. Un ahorro para el Estado Nacional del orden del 57% por cada empleado que acepte el “retiro voluntario”. Es decir, los importes indemnizatorios no contemplarían el reajuste inflacionario de los últimos dos años.

Aun así, el impacto en el presupuesto de la CNEA es importante; por este motivo el Estado Nacional está intentando reducir el pasivo laboral con alternativas que no colisionen los lineamientos de Economía. Pero para la mayoría del personal de la PIAP esta propuesta choca con los derechos de los trabajadores de ser indemnizados dentro de un marco justo y equitativo.

La complicidad tiene su precio

Al analizar las acciones que llevó adelante -durante estos años- la Secretaría de Energía de Nación, es posible entender que la política energética del actual gobierno pasa por el desarrollo de Vaca Muerta y la diversificación de la matriz energética en proyectos de energías renovables, nuevas centrales termoeléctricas y alguna hidroeléctrica en reemplazo de la generación nuclear.

El otro gran interrogante será conocer que destino tendrán las instalaciones de la PIAP. Desde la Comisión Interna Gremial comentaron que la CNEA está dispuesta a ceder todos los activos a ENSI para que la empresa provincial pueda vender, reconvertir o generar una nueva asociación con otra empresa que no asuma el costo laboral.

Para Nación es el momento justo. Por los próximos dos años la presidencia del Directorio de la ENSI está a cargo del actual Ministro de Energía Provincial, Alejandro Monteiro. Si la estrategia ideada por Lopetegui se lleva a cabo y se elimina el costo laboral; la Provincia recibiría un importante activo para buscar un inversor nacional y/o internacional que aporte el capital necesario para reconvertir la PIAP en una planta de fertilizantes, aportando el gas necesario desde Vaca Muerta.

La decisión de frenar y/o anular el desarrollo nuclear es un tema de “Política de Estado”, al igual que el desarrollo de Vaca Muerta. Nación y Provincia son socias en ambos campos de la energía. Solo que para uno se implementan acuerdos y mesas de diálogos entre gobiernos, empresas y gremios; mientras que para el campo nuclear el proceso es unilateral. Habría que pensar si el polo positivo y negativo de la energía está tocando a los funcionarios de gobierno y convirtiéndolos en bipolares.

Por Raúl Oscar Vila