Fernández y Rocca acuerdan por el PG4

A ocho días del lanzamiento de los objetivos por parte del presidente Alberto Fernández, los jugadores del sector petrolero salieron de la virtual cuarentena para apoyar el plan que aun públicamente no se conoce.

Primero fue un comunicado de “las empresas productoras de gas nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH)” que sin firma de sus autoridades, expresaron el respaldo al gobierno y dejaron filtrar algún malestar entre las operadoras.

La mirada del Gobierno Nacional sobre el destino de Vaca Muerta cambió radicalmente, y los empresarios debieron ajustar sus expectativas al nuevo lineamiento del gobierno central. “El Plan Gas constituye una medida adecuada para incrementar la producción local de gas natural con el objetivo de satisfacer la demanda interna y disminuir las importaciones” se leyó en el comunicado distribuido el 15 de octubre.

Mas tarde debió salir a jugar públicamente el amigo de Cristina Fernández de Kirchner y CEO de Vista Oil & Gas, Miguel Galuccio. “Celebramos este primer paso… para generar y fomentar más inversión… satisfacer la demanda interna, sustituir importaciones” se escuchó decir al hombre que puso en valor mundial la formación geológica de Vaca Muerta

Las declaraciones públicas no alcanzaron a satisfacer al gobierno de Alberto Fernández. El silencio de una parte del sector empresario fue una señal de alerta para comprender que al PG4 le estaba faltando una pata.

En este escenario, el gobierno nacional entendió que vale más la pena frenar la publicación en el Boletín Oficial que avanzar sin acuerdo del sector empresario. La pobre repercusión nacional e internacional impulsó la necesidad de tender puentes con quien fuera tratado públicamente de “Hermano, esta vez colaborá”.

El 24 de septiembre, Tecpetrol debió informar a la Comisión Nacional de Valores que en relación con el préstamo acordado el 27 de agosto de 2017 por U$D 325.000.000, “las partes acordaron extender a 60 días el período de gracia”.

Con la famosa Resolución 46 la empresa del Grupo Rocca solicitó el crédito para desarrollar el yacimiento Fortín de Piedra y competir con el resto de las operadoras por los beneficios que establecía la resolución. El problema surgió cuando el Fondo Monetario Internacional sugirió bajar el gasto público y la gestión Macri “reinterpretó” la normativa.

Esta situación llevó al grupo empresario a iniciar acciones legales multimillonarias contra el Estado Nacional y bajar la intensidad de la actividad en el yacimiento gasífero.

En la Argentina actual, las compañías entienden que los procesos judiciales son parte de una batalla que lleva tiempo y dinero; y las obliga a repensar las estrategias de los negocios para mantenerse dentro del mercado. Mientras tanto la administración Fernández, representando los intereses del Estado Nacional, bloqueó el acceso a los beneficios del nuevo plan y obligó al grupo Techint a sentarse a negociar.

Paolo Rocca entendió rápidamente la estrategia. Si el grupo desea acceder a los beneficios del nuevo PG4, la empresa deberá retirar la demanda contra el Estado recibiendo a cambio un valor estable hasta el 2023 de U$D 3,50 el MBTU.

De lo contrario, Fortín de Piedra solo podrá colocar su producción al precio de la subasta eliminando toda posibilidad de exportar el excedente a los países limítrofes.

Con el acuerdo sellado en la Quinta de Olivos esta semana entre Alberto Fernández y Paolo Rocca, la actual administración ganó en dos importantes frentes. El primero fue destrabar un juicio millonario iniciado en la gestión Macri; y el segundo, incorporar nuevamente a la mesa gasífera a uno de los empresarios mas importantes del país: Paolo Rocca.

Como se habla en los jardines de la Quinta de Olivos. “Hermano… no fue nada personal… solo negocios”