LES DEBEN A OPERADORAS
Un embarazo de deuda de $ 24.000 millones
Desde noviembre de 2019 que el Estado Nacional acumula una deuda con las operadoras. Señales de alerta por un posible cambio en las reglas de juego.
El 15 de noviembre de 2018 la administración Macri ante el “nuevo contexto internacional que implicó una mayor volatilidad de las variables financieras, del tipo de cambio y de los índices de precios tomados en cuenta al elaborar el Presupuesto Nacional” debió adecuar el nivel de ingresos y gastos con la finalidad de equilibrar el déficit primario.
Para ello instrumentó el decreto 1053 por el cual asumía en carácter de “excepcional” el pago de las diferencias diarias acumuladas entre “el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios” que -según la normativa- se regían por la variación del tipo de cambio.
En el artículo 7 del decreto se estableció que el monto de la deuda se transferirá “a cada prestadora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1ª de octubre de 2019” con la tasa de actualización del Banco Nación que utiliza para los depósitos a 30 días. Dentro de la misma normativa las operadoras se comprometían a no trasladar los importes resultantes a los usuarios.
La realidad es que el decreto generó en nueve meses una deuda de $ 24.000 millones con las operadoras y, en estos momento, es un problema difícil de resolver por la paralización de la economía y la imposibilidad de trasladar la deuda a los usuarios.
Desde una visión jurídica, el decreto está en vigencia y el Estado Nacional continúa acumulando deuda por el incumplimiento de pago. Desde una visión política, consideran que el decreto es inválido y se deberían derogar.
Si bien el principal deudor es el propio Estado Nacional (YPF y ENARSA concentra el 65% de la deuda), la señal que se daría al mercado sería totalmente contradictoria. Por un lado, se intenta honrar la deuda externa con un “plan” sostenible y por otro, se cambian internamente las reglas del juego según las conveniencias políticas de turno.
