Política criminal: ¿perseguir a vulnerables o los delitos de cuello blanco?

Por Fernando Diez (*)

Veníamos reflexionando sobre la situación carcelaria en Neuquén, sobre sus ventajas relativas y sus limitaciones estructurales y concluíamos en que “lo que necesita nuestra realidad, es un sistema integral de ejecución de la pena con una conducción y estructura claramente civil que fuera coherente y previera todas las variables necesarias para el tratamiento”.

Sin perjuicio de este señalamiento crucial para que el trato o tratamiento de las personas privadas de libertad sea efectivo y humanizador, hoy la situación carcelaria provincial tiene desafíos nuevos en el contexto de la reforma procesal vigente ya hace casi 6 años.

Tomando en cuenta el año previo a la reforma procesal penal en que cambió un sistema inquisitivo reformado por uno acusatorio, podemos ver la evolución de la cantidad de personas privadas de libertad en este período.

Según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que es la estadística penitenciaria oficial del país y muestra la evolución y las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias, el total de personas privadas de libertad para el año 2013 en nuestra provincia (años previo a la reforma) era de 404, de las cuales 272 son condenadas y 132 procesadas. Para el año 2014 la cifra había bajado a 340, de cuales 277 son condenadas y 63 procesadas. Esto tiene una explicación sencilla: la reforma impactó directamente en aquellas personas privadas de libertad procesadas, porque al tener un máximo de 1 año para la prisión preventiva (aunque esta norma se ha puesto en crisis con posterioridad, por interpretaciones judiciales que la relativizan), todas las personas que llevaban más de un año privadas de libertad sin condena fueron liberadas, por eso la baja estadística sólo se refleja en los procesados, mientras que el número de condenados aumenta levemente.

Para el año 2015 las cifras aumentan a 370 y del total de personas privadas de libertad, 312 son condenadas y 58 procesadas. Para el año 2016 llegan a un total 438, 415 condenadas y 23 procesadas y para el 2017, el total de personas privadas de libertad es de 486, 455 condenadas y 25 procesadas. Las últimas cifras nos dan para el año 2018 un total de 509, de las cuales 465 son condenadas y 44 procesadas.

Cuando vemos la evolución de personas privadas de libertad en estos 5 años, además de su aumento constante, lo que vemos es que de 272 condenados computados al finalizar el año 2013, pasamos a 465 al 2018, con lo que en 5 años el número de condenados aumento entre un 70 y 75% y el sistema carcelario ya está excedido en su capacidad.

Aquí, se pueden elegir primero entre dos caminos: Ignorar los datos y la progresión geométrica de personas privadas de libertad o atenderlos y dar una respuesta acorde. Las respuestas a su vez pueden ser: construir más cárceles sin revisar el sistema de ejecución de la pena ni la política criminal o hacer un replanteo de fondo convocando a todos los actores interesados.

Se puede revisar la política criminal fuertemente selectiva, en tanto sigue persiguiendo a los sectores más vulnerables o replantearla hacia una política que persiga más los diferentes delitos de cuello blanco y busque salidas alternativas a los conflictos sociales que subyacen a la criminalización. Ello para, al menos, ralentizar ese aumento geométrico de personas prisionizadas que lo único que puede lograr es un aumento de la violencia social y más en un marco de crisis socio económica como la que vivimos.

Creemos que el último debería ser el camino elegido, porque esta fue la idea de la reforma: optimizar los recursos para perseguir los delitos con mayor dañosidad social y resolver los conflictos por métodos alternativos al encierro.

En la práctica este objetivo se desdibujó y la política criminal no difiere significativamente de la anterior a la reforma. Se hace necesario entonces habilitar nuevos métodos y espacios destinados a la contención social y resolución de conflictos y replantear el sistema de ejecución de la pena, única forma de disminuir la violencia que a todos preocupa.

(*)  INTEGRANTE DE PENSAMIENTO PENAL Y DEFENSOR PÚBLICO DE NEUQUÉN.