COLUMNA DE OPINIÓN
Situación carcelaria en Neuquén, después de la reforma
Desde el Ministerio de Defensa Pública, se plantea en este artículo la crisis del sistema a partir de su propia incongruencia. Este es el primero de una serie de artículos, con una mirada puertas adentro.
POR FERNANDO DIEZ
Si vamos a analizar la situación carcelaria en Neuquén, resulta de utilidad señalar algunas características ventajosas de la misma. La principal es la escasa población carcelaria, sin duda es un dato muy relevante como para hacer un análisis contextualizado. Menos de 600 personas privadas de libertad y una proporción relativamente baja entre población y personas privadas de libertad y una provincia con un caudal de recursos mayor que otras provincias. Existen además dos juezas de ejecución, una en la primera circunscripción y otra para todo el interior de la provincia. Las unidades penitenciarias son pequeñas (la más grande con una capacidad de alojamiento de alrededor de 200 personas), lo que dista mucho de las provincias más pobladas.
Sin embargo, estas condiciones básicas que aunque no son óptimas, son claramente favorables, no se traducen en una situación carcelaria acorde.
En este momento la situación de alojamiento en la provincia está en situación límite y deben utilizarse como alojamiento (para personas procesadas) distintas unidades policiales y lugares dentro de las propias unidades carcelarias que no se encuentran adecuados para ello.
Un problema central es la inexistencia de un tratamiento o trato penitenciario que además de respetar los derechos y la integridad de las personas privadas de libertad, otorgue esperanzas de alternativas para que una vez cumplida la condena pueda retomar su vida en libertad con alguna chance de tener un lugar en la sociedad, y no una mayor marginación y criminalización con la consiguiente secuela de violencia.
Por mencionar algunas falencias, sabemos que no hay tratamiento sicológico, no hay trabajo remunerado, ni un seguimiento criminológico mínimamente adecuado de la situación de las personas privadas de libertad
Neuquén, tiene un muy interesante desarrollo en su proceso judicial en cuanto a su modernización, democratización y transparencia con la implementación de un nuevo código procesal penal, con juicio por jurados, proceso por audiencias públicas, una persecución penal puesta en cabeza del ministerio público fiscal y una defensa publica autónoma, lo que habla a las claras de un avance republicano.
Paralelamente mantiene un sistema carcelario incompatible con estos avances, administrado por la policía provincial, que es una institución con una estructura inquisitiva, cuyos objetivos son los de prevenir, reprimir y auxiliar en la investigación de delitos, y en ese sentido, es la institución que en muchos casos tiene un papel preponderante en las condenas de las personas privadas de libertad que deben tratarse.
La Policía tiene una lógica de seguridad y no de resocialización ni de tratamiento.
Es decir, mejoramos todo el proceso, pero en la recta final del mismo y el lugar donde la violencia del Estado puede manifestarse en su cara más cruel, la situación continua igual y con la misma administración que antes de la reforma.
Se hace imprescindible, una distinción clara entre la función de prevenir e investigar el delito y la de brindar tratamiento a las personas condenadas, así como se distinguió con la reforma procesal penal entre la función de investigar y la de juzgar. Es una rémora inquisitiva que colisiona con los avances republicanos de la reforma, además de ser tan poco transparente la realidad carcelaria en Neuquén que ni siquiera los organismos de Derechos Humanos pueden ingresar a constatar las condiciones de las personas privadas de libertad, ni se ha aprobado aún un mecanismo local de prevención de la tortura.
Por otra parte, sería conveniente que los recursos que se destinan al sistema carcelario y tratamiento de personas privadas de libertad estuvieran tajantemente diferenciados de los recursos destinados a seguridad.
Concluyendo, lo que necesita nuestra realidad, es un sistema integral de ejecución de la pena con una conducción y estructura claramente civil que fuera coherente y previera todas las variables necesarias para el tratamiento. Ya que no se puede seguir presentando habeas corpus, estableciendo mesas de negociación y poniendo parches inconducentes a un sistema que estructuralmente no es adecuado para cumplir la función resocializadora de personas privadas de libertad.
(*) INTEGRANTE DE PENSAMIENTO PENAL Y DEFENSOR PÚBLICO DE NEUQUÉN.
