POR UN CASO EN CIPOLLETTI

El dueño de Vía Bariloche fue imputado en La Pampa

Luciano Trappa está acusado de ingresar y sacar escondidos de esa provincia a peones chaqueños en plena cuarentena.
jueves, 13 de agosto de 2020 · 18:57

Eran casi las 10 de la noche del sábado 23 de mayo. Un llamado alertó a la Policía de Cipolletti que dentro de un semi de la empresa Vía Cargo había llegado un grupo de trabajadores rurales chaqueños que venían desde General Acha. Cuando llegaron los uniformados encontraron a 16 hombres adentro de un colectivo a punto de salir. Aunque para la Justicia de Río Negro esta situación no ameritó encabezar una investigación, si lo hicieron desde La Pampa, donde la provincia se presentó como querellante y en la causa imputaron al dueño del grupo Vía Bariloche, Luciano Trappa.

Lo que sucedió aquella noche en Cipolletti fue el final de una historia que había comenzado varios días antes. Los trabajadores fueron llevados escondidos dentro del termo de un camión de encomiendas de Vía Cargo desde la Cabaña Curacó y Estancia Maracó, hasta la base de Vía Bariloche en la calle Estado de Israel y Ruta 22 de Cipolletti. Todas estas empresas pertenecen al mismo grupo empresario que comanda la familia Trappa.

La causa se encuentra en etapa de Investigación Fiscal Preparatoria y hace unas semanas el juez de control Diego Asin imputó formalmente a Luciano Rolando Trappa, al administrador de los campos de la familia, Germán Hirtz; y a Jorge Hugo Segura, dueño del predio rural San Carlos.

El haber permitido y/o facilitado el ingreso de 17 personas, provenientes de la Provincia de Chaco, las cuales habían sido identificadas el día 13 de Mayo de 2020, a horas 20:05 en el puesto Caminero Catriló, a bordo del transporte de pasajeros, titularidad de la empresa Vía Bariloche S.A. En dicha oportunidad, personal policial no los dejó ingresar pero con posterioridad a ello, por medios y lugares que aún no se pueden precisar los ingresaron a la Provincia de La Pampa

Según los datos que figuran en el expediente, se les imputa "el haber permitido y/o facilitado el ingreso de 17 personas, provenientes de la Provincia de Chaco, las cuales habían sido identificadas el día 13 de Mayo de 2020, a horas 20:05 en el puesto Caminero Catriló, a bordo del transporte de pasajeros, titularidad de la empresa Vía Bariloche S.A. En dicha oportunidad, personal policial no los dejó ingresar pero con posterioridad a ello, por medios y lugares que aún no se pueden precisar los ingresaron a la Provincia de La Pampa".

La fiscalía pudo determinar que estuvieron trabajando en el interior del establecimiento rural San Carlos y Maracó. Y que permanecieron en La Pampa hasta el 23 de mayo "cuando fueron llevados hasta la base operativa de la empresa Vía Bariloche S.A. sita en calle Estado de Israel y Ruta 22 de Cipolletti, identificados a bordo de un micro interno, preparado para salir con destino a la Provincia de Chaco".

En plena cuarentena establecida por decreto por la Presidencia de la Nación, para el fiscal Juan Bautista Méndez, el empresario, el administrador de sus campos y el propietario de un campo vecino arrendado por Trappa, violaron de manera intencional las medidas adoptadas para impedir la introducción de una epidemia, que prohíbe expresamente la entrada de personas de extraña Jurisdicción a La Pampa sin autorización o permiso especial, medidas dictadas en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La causa está en marcha y ahora la fiscalía y el gobierno pampeano, constituido como querellante particular, deberá avanzar en la investigación para probar la acusación y poder llevarlos acusados a juicio. 

Según la teoría del caso, los haceros pampeanos fueron contratados para trabajar en los campos de Trappa en cercanías de General Acha y su llegada escondidos a Cipolletti se debió a un traslado de urgencia, ya que las autoridades de trabajo de La Pampa tenían el dato del ingreso de los trabajadores de manera ilegal, y la inspección era inminente. De hecho, se produjo, pero sólo encontraron rastros de que habían estado cumpliendo tareas en esos campos, pero no pudieron dar con los hacheros.

Con respecto a los trabajadores, su contratación, paga y condiciones laborales, llegó a la Justicia Federal con sede en Santa Rosa, que también inició una causa por trata de personas que aún está en una etapa preliminar.

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