Cumplirá 16 meses preso esperando una condena

Un tribunal de Revisión aplicó la ley 3234 –también conocida como Ley Gerez- a un hombre que fue declarado culpable de homicidio y a quien todavía no se le fijó una pena. Esa norma le permitió al tribunal extender en otros cuatro meses la prisión preventiva a Julio César Alveal, quien en agosto de 2020 acribilló a balazos a Hugo Ariel Dupont a la salida de una misa en Toma Norte, de Neuquén capital.

Alveal está detenido desde la audiencia de formulación de cargos realizada el 25 de agosto de 2020, en la que se le impusieron ocho meses de prisión preventiva, medida que luego fue prorrogada por cuatro meses más.

En una audiencia realizada con anterioridad, la asistente fiscal Lucrecia Sola solicitó que se prolongue la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, aplicando la Ley 3234 impulsada por el fiscal general José Gerez, que establece la extensión excepcional de la prisión preventiva, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del covid 19.

Durante la audiencia de este viernes, la asistente letrada le requirió al tribunal que ratifique la decisión impuesta por la jueza de garantías mediante la cual dispuso la prórroga y, para ello, argumentó que “se encuentra debidamente fundada y acorde a derecho”. Además, Sola adelantó que la fiscalía va a solicitar una pena mayor a la mínima legal para este delito.

Finalmente la funcionaria de la fiscalía informó que la audiencia de determinación de la pena no se pudo realizar debido a la suspensión de plazos.

Entre los riesgos procesales que la magistrada valoró para extender la preventiva, mencionó que se encuentran vigentes el riesgo de entorpecimiento de la investigación, por el cual se estableció la medida al principio y que luego se incorporó el riesgo de fuga en función de la declaración de responsabilidad del imputado y también de la expectativa de la pena.

La representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que la defensa del imputado solicitó una medida de coerción más leve como es la prisión domiciliaria, pero que la jueza de garantías, luego de analizar la aplicación de la Ley 3234, sostuvo que no era suficiente para neutralizar los riesgos en el proceso.

Tras un cuarto intermedio, los jueces que integraron el tribunal revisor ratificaron, por unanimidad, la decisión tomada por la jueza de garantías. De esta manera, el imputado seguirá detenido con prisión preventiva por cuatro meses y a la espera del juicio de cesura en el que se va a debatir la pena que deberá cumplir.