Dicen que empleado judicial recomienda qué abogado contratar

La desaparición y muerte de la joven orense Otoño Uriarte continúa generando polémicas y debates, incluso dentro de la Justicia. Esta vez el abogado querellante acusó durante una audiencia que un empleado de la fiscalía intentó influenciar al padre de la joven, a quien llamó para sugerirle que sea representado por una abogada porque se "necesitaba reactivar la causa".

El abogado querellante Marcelo Hertzriken Velazco señaló a un empleado judicial de intentar que Roberto Uriarte cambie de patrocinante porque se necesitaba darle impulso a la causa. "Llamó a Silvia Uriarte (tía) y a Roberto Uriarte manifestando que era necesario ingresar a una persona que era abogada para que la causa se reactivara" y además le confió que "tenía datos sobre testigos", detalló el abogado ante la jueza Laura González Vitale. En referencia al interés que tendría la fiscalía para que ingrese en la causa la Asociación Civil Madres que rompen el silencio.

Hertzriken Velasco destacó que no tiene inconveniente de sumar a esa asociación a la querella, pero dejó en claro que "no es una buena política", de parte de la fiscalía que se inste a los familiares de las víctimas a contratar a algún profesional específico. 

Desde la fiscalía negaron los dichos del abogado y argumentaron que fueron integrantes de la asociación quienes se presentaron  pidiendo copias del expediente y de las escuchas telefónicas a los acusados, pero que desde el Ministerio Público sólo se le facilitaron datos generales porque "no eran parte". Entonces la jueza González Vitale resolvió que Madres que rompen el silencio podrá intervenir en la asistencia a los familiares de Otoño, pero que no podrán formar parte de la causa. 

Se espera que esa asociación pueda brindarle asistencia a los familiares de la joven de 16 años que desapareció el 23 de octubre de 2006, cuando regresaba a su casa en la zona rural de Fernández Oro, después de toda una jornada cargada de actividades entre colegio secundario y vóley. Y apareció muerta en abril de 2007 en una de las compuertas de la usina de El 30, a donde fue arrojada. Aunque hay una serie de imputados, no hay detenidos porque aún no se avanzó en las pruebas genéticas sobre vellos púbicos encontrados en la ropa interior de la joven.

Desde el año pasado, la causa fue enviada a Roca, para que la fiscal Teresa Guifrida se encargue de la investigación.