Demorados, allanamientos e impacto político en la causa por Planes Sociales

Desde que se conocieron las imágenes de personas realizando múltiples extracciones con diferentes tarjetas de débito en los cajeros automáticos, todo un escenario armado para las estafas a beneficiarios de planes sociales comenzó a derrumbarse. Ese conocimiento de modalidades, hábitos, otorgamiento de beneficios, maniobras fraudulentas y el destino de los fondos sustraídos, es materia de investigación.

Este miércoles, la llamada "Causa de los Planes Sociales" tomó un nuevo envión al conocerse una tanda de once allanamientos, nueve personas -varios funcionarios- en dependencias policiales en calidad de demorados e identificación de maniobras a través de testimonios y cámaras de seguridad.

En el caso de las diligencias judiciales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, indicó que no se pudo determinar “cuál fue el destino de los fondos para saber si los delincuentes lo plantearon como un negocio personal o si el destino del dinero respondía a otros fines”

Entre las personas que se encuentran demoradas está el director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza y el funcionario Pablo Sanz quien también aparecía en las cámaras de seguridad haciendo extracciones en efectivo en los cajeros del Banco Nación de Neuquén (BPN). Los otros demorados "estamos investigando si tenían vinculación con la Dirección de planes sociales o con el ministerio de Acción Social”, manifestó Vignaroli.

La investigación, la está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal junto con el departamento de Delitos Económicos. “Hoy por la mañana se realizaron once allanamientos en la División Provincial de Planes Sociales y otros en los domicilios particulares de las personas que están identificadas como participantes en las extracciones de dinero con las tarjetas de débito o por tener relacionen con el otorgamiento de estos beneficios”, dijo el fiscal.

Con respecto a cómo operaban y realizaban la maniobra fraudulenta, el fiscal manifestó que hicieron entrevistas a 80 personas que eran beneficiados con un plan social, “iban al banco, retiraban la tarjeta y la tenían que entregar a un referente, ese no era el que se encargaba de retirar el dinero sino que pasaba a otra línea y luego les entregaban una suma de dinero que oscilaba entre 4 mil y 8 mil pesos".

Una de las calificaciones legales en la que está avanzando la investigación es en la defraudación con dos damnificados: el primero es el beneficiario que lo utilizan para obtener el plan social y el segundo es el Estado provincial “porque el dinero que debía estar destinado en totalidad a otra persona iba con otros fines".

En los allanamientos se secuestraron treinta computadoras, de escritorio y notebooks, teléfonos celulares y en un domicilio se hallaron cinco tarjetas de débito, que no pertenecían a ninguna de las personas que integraban la vivienda. Las mismas tenían un strikes pegada con un número que los fiscales “sospechan que es la clave para operar en los distintos cajeros”.

El fiscal aclaró que el Ministerio Publico Fiscal cuenta con la tecnología necesaria para recuperar archivos borrados de los dispositivos móviles, por lo que podrían encontrar pistas en estos equipos para conocer quiénes estaban detrás de la maniobra y a dónde se destinaba el dinero.

“Por el momento es todo lo que podemos informar con respecto a los allanamientos efectuados”, expresó Vignaroli. Con respecto a las personas demoradas dijo que “todas se encuentran en dependencias policiales y en delitos económicos, donde van a ser identificadas y certificar si tienen una restricción en su libertad y van a recuperarla, porque por el momento no estamos en condiciones de formular cargos”.

A los demorados lo único que los vincula a la causa, es información que obtuvieron durante los 20 días de investigación desde fiscalía, que están relacionados con la maniobra de obtener el dinero a través de las extracciones. Ya sea porque ellas las efectuaron directamente o tienen vinculación con los planes sociales otorgados.

La defraudación tiene entre sus damnificados a 193 beneficiarios que cobraban planes provinciales de ayuda familiar, apoyo a desocupados o ayudas transitorias para las personas en situación social vulnerable. Para aprobar estos planes bastaba con la firma de Soiza, sin intervención del ministro de Desarrollo Social.