Caso Mandagaray: los jefes apañados por la cúpula irán a juicio

La muerte de Gabriel Mandagaray debe servir para desterrar los tratos humillantes a los jóvenes policías. El oficial murió ahogado en Bahía Creek donde se desarrollaba una capacitación del grupo elite COER, que contaba con la autorización de la Jefatura Policial, en el que se realizaron prácticas inhumanas, contrarias a los derechos humanos, sin seguridad y sin la cantidad de comida e hidratacón que se necesitaba. Por el hecho fueron condenados cuatro jefes e instructores, pero ahora buscarán responsabilidades más arriba, entre quienes debían controlar y no lo hicieron y fueron beneficiados por la cúpula en cuanto a su situación de retiro.

El 15 de abril de 2021, Mandagaray fue obligado a meterse al mar con un tronco en sus hombros. Estaba vestido con su uniforme, tenía borcegos y hasta el arma con el cinto correspondiente. Estaba agotado físicamente después de caminar 60 kilómetros sin la debida alimentación, hidratación y descanso. También había sido sometido a diversas humillaciones por parte de sus jefes e instructores que lo obligaron a meterse a un tanque australiano y revolcarse en la bosta de vaca. Incluso uno de ellos lo orinó.

Con es stress encima y sin saber nadar, como les aclaró a sus superiores, le ordenaron meterse al mar. No habían medidas de seguridad, Prefectura no había sido convocada para prácticas en el agua y tampoco se contaba con una ambulancia en el lugar para cubrir cualquier emergencia. 

Mandagaray murió ahogado, otros dos aspirantes alcanzaron a salir pero debieron ser llevados en una camioneta particular hasta El Cóndor, ubicado a 100 kilómetros, con principio de hipotermia. Esa noche, mientras el entonces jefe de la Regional I, Antonio Mandagaray y su esposa Adriana Fabi, ex jefa de la Regional VI de Los Menucos y ahora directora de  Toxicomanía y Leyes Especiales, recibía la noticia, enviados de la Jefatura intentaron hacer un pacto de silencio con el discurso "lo que pasó en Bahía Creek, queda en Bahía Creek".

Finalmente parte de la historia se conoció, aunque nunca apareció una cámara Go Pro con la que el coordinador del COER,  Alejandro Gattoni, grababa todo. Tampoco se supo quién o quiénes autorizaron el curso. En los papeles hay dos firmas y la Justicia comenzará a juzgarlos a partir del 2 de octubre: Director de Capacitación Carlos Grasso y el Jefe de departamento de la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento Oscar Szymanski, los mismos que fueron beneficiados por el Jefe de Policía, Osvaldo Tellería, en cuanto a su situación de retiro para que puedan continuar con e cobro de sus sueldos, como publicó Mejor Informado hace un tiempo.

De acuerdo con la información que dio a conocer el Ministerio Público de Río Negro, después de 2 años y medio, el segundo juicio por a muerte de Mandagaray se realizará el mes próximo. En un principio están previstas tres audiencias. Por el hecho están condenados los tres instructores Maximiliano Vitali Méndez, Alfredo Nahuelcheo y Marcelo Contreras y el coordinador Alejandro Gattoni. Se los encontró culpables del homicidio culposo y "prácticas inhumanas y humillantes contrarias a los derechos humanoEn s”.

Ahora la Justicia buscará responsables más arriba, aunque dificilmente puedan llegar a Tellería, quien aún se mantiene como Jefe de la fuerza. Aunque las autorizaciones cuentan con su firma, la responsabilidad recayó sobre el Director de Capacitación el Jefe de departamento de la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento. En la acusación se los señala por no controlar u ordenar controlar “"a realización del curso de formación del COER de Viedma que había sido aprobado por Resolución n° 2748 del Jefe de Policía de Río Negro”.

Según la querella, la falta de control "por sí o por dependientes" permitió que "se modificara el lugar de realización" que en un primer momento se debía hacer en El Cóndor, pero que se trasladó a "Bahía Creek". También permitió que se "levaran a cabo prácticas contrarias a la dignidad humana de los cursantes, como un excesivo desgaste físico" que generó heridas de gravedad en varios aspirantes, redactó el fiscal Guillermo Ortiz y el abogado Damián Torres.

Tanto Grasso como Szymanski omtieron "gestionar a tiempo los elementos y provisiones destinados a alimentación e hidratación para los cursantes", y también permitieron "que se procediera a efectuar actividades en el agua, en el mar, que no estaban contempladas en el módulo 1 de la mencionada Resolución, sin medidas de seguridad, lo cual provocó la muerte de Gabriel Mandagaray por asfixia por sumersión”. 

Los hechos enumerados se enmarcan en el delito de "incumplimiento de los deberes de Funcionario Público", por el que serán juzgados ante un tribunal unipersonal.

Es importante recordar que la totalidad de la cúpula policial, ya que el propio Tellería encabezó el acto de apertura, quien no podrá excusarse de no saber dónde se realizaría. Pero la acusación no lo nombra en ningún momento.