El Tribunal de Impugnación ratificó la sentencia de 12 años de prisión impuesta a Ramiro Gutiérrez. La sentencia se debió a su rol en el trágico homicidio de Facundo Castillo, el caso que conmocionó a toda la comunidad.
En un veredicto contundente, el Tribunal de Impugnación ratificó la sentencia de 12 años de prisión. El proceso judicial, que se llevó a cabo bajo la modalidad de juicio por jurados, estuvo marcado por una serie de desafíos planteados por la defensa de Gutiérrez, quienes objetaron varios aspectos del juicio. Entre estos desafíos se encontraban las objeciones sobre la elección del juez técnico, las instrucciones proporcionadas al jurado popular, la ubicación del juicio en Cipolletti y la pena de 12 años que el acusado había recibido.
Sin embargo, el Tribunal de Impugnación, luego de un minucioso análisis, rechazó todos estos planteamientos, asegurando que no se demostraron errores judiciales significativos y que las objeciones de la defensa se basaban en cuestiones subjetivas.
Una de las principales preocupaciones de la defensa fue la designación del juez técnico Guillermo Merlo, que, aunque poco convencional, se consideró legítima y en conformidad con las reglas constitucionales. Además, se señaló que ninguna de las partes objetó esta elección, incluido el Ministerio Público Fiscal.
En relación a las instrucciones proporcionadas al jurado, se concluyó que estas habían sido acordadas entre las partes y que la defensa había contribuido a la estrategia legal. A pesar de un cambio en la representación legal de Gutiérrez entre el juicio y la impugnación, se determinó que este cambio no resultó en una situación de indefensión para el imputado.
La defensa también argumentó que el jurado popular había estado influenciado por la amplia cobertura mediática del caso, pero el Tribunal de Impugnación no encontró pruebas concretas de esta influencia. Se enfatizó que los abogados tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de recusación durante la selección del jurado. Además, destacaron que el jurado estaba compuesto no solo por residentes de Cipolletti, sino también por personas de otras localidades que integran la Cuarta Circunscripción, lo que fortaleció la imparcialidad del proceso.
Por último, en lo que respecta a la pena, el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti confirmó que el juez Merlo había seguido de manera adecuada las normativas del Código Penal y las consideraciones de agravantes y atenuantes, incluyendo las cinco tentativas de homicidio que se presentaron durante el juicio.