Cuatro estafadores quedaron imputados por simular vender lotes en la meseta, perjudicando a 64 familias, y quedándose con más de 400 millones de pesos.
La formulación de cargos fue realizada ayer por el fiscal del caso Juan Manuel Narváez y la asistente letrada Tanya Cid quienes acusaron de utilizar el prestigio de la cooperativa 14 de Octubre para concretar la maniobra.
Según informó el Ministerio Público Fiscal " Narváez planteó que, de acuerdo a la investigación provisoria del equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, cuatro personas intervinieron en la maniobra: M. D. R, un varón que se desempeñaba como presidente de la cooperativa; y dos mujeres, C. G, quien se desempeñaba como secretaria general de la entidad; y M. M. P. D. S, quien brindó colaboración para concretar la maniobra, guardando parte del dinero ". El fiscal del caso sostuvo que M. D. R y C. G, defraudaron los intereses económicos de 64 personas y le causaron un perjuicio económico conjunto de $61.916.497 y U$D 13.450, que a valor actualizado representan $393.936.364."
La estafa se perpetró entre 2016 y julio de 2022, cuando “las víctimas se dieron cuenta que no habían sido inscriptas correctamente al denominado Proyecto de Urbanización de la Meseta para acceder al terreno que ellos pensaban que habían pagado en su totalidad”, precisó Narváez, quien explicó que "el municipio capitalino cedió espacios en la zona de La Meseta de esta ciudad, y luego se coordinó la administración y distribución de los terrenos con otras asociaciones y organizaciones, en beneficio de sus asociados y asociadas."
Las víctimas hicieron entrega del dinero para urbanizar los lotes, y los estafadores generaron un fideicomiso para la utilización de los fondos. Los delitos que Narváez atribuyó a M. D. R y C. G fueron estafa genérica en concurso real por tratarse de 69 hechos en calidad de coautores; y a M. M. P. D. S estafa genérica en concurso real por tratarse de 51 hechos, como partícipe necesaria.
El caso fue considerado complejo, por lo que se avaló extender la investigación a un año. Además se aprobaron medidas cautelares consistentes en inhibición general de bienes, prohibición de salir del país y comparendos mensuales en sede policial, todo por un lapso de un año, para cada persona acusada.