La justicia formuló cargos contra un hombre identificado como J.G., acusado de provocar un trágico choque frontal sobre la Ruta Nacional 40, en el que murieron Nicolás Echeveste y su hijo Samuel, y otras dos personas resultaron gravemente heridas. La audiencia, encabezada por el fiscal jefe Gastón Ávila, se centró en los detalles del hecho ocurrido el pasado 15 de mayo, cuando el imputado invadió el carril contrario y colisionó con un vehículo en el que viajaban las víctimas.
Según la investigación preliminar, J.G. conducía una camioneta RAM en dirección sur, desde Villa La Angostura hacia San Carlos de Bariloche, cuando cerca de las 19 horas realizó una maniobra imprudente e ingresó al carril contrario sin verificar que estuviera despejado. El resultado fue un impacto frontal con un Renault Logan que circulaba en sentido norte, en el que se desplazaban las víctimas.
La pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional determinó que fue J.G. quien originó el choque. “El conductor invadió el carril contrario y provocó el siniestro”, sostuvo Ávila durante la audiencia, acompañado por el asistente letrado Federico Gayós y el funcionario Gustavo Vázquez. Las querellas, que representan a familiares de las víctimas, adhirieron al planteo de la fiscalía.
Como consecuencia del impacto, el auto giró por la fuerza del choque y volvió a colisionar con la camioneta antes de quedar detenido sobre la calzada. La camioneta terminó su recorrido en una zanja, tras desviarse hacia la banquina. Además de las dos víctimas fatales, una mujer sufrió una fractura de tibia y un niño una fractura femoral bilateral.
Podrá seguir manejando
El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas, también atribuidas a la conducción imprudente del imputado, quien fue acusado en calidad de autor.
El juez de garantías Juan Pablo Balderrama tuvo por formulados los cargos y autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria, fijando un plazo de tres meses. Además, hizo lugar a la solicitud del fiscal de prohibir a J.G. salir del país para evitar un posible riesgo de fuga.
Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido de la fiscalía para prohibirle al imputado conducir durante el proceso, al considerar que esa medida no se encuentra contemplada entre las cautelares previstas en esta etapa, aunque podría evaluarse como parte de una futura condena, en caso de acreditarse su responsabilidad penal.
La fiscalía también aguarda la realización de una pericia sobre el teléfono celular del acusado, cuyo resultado podría aportar elementos clave a la investigación en curso.
