Se cumple un mes del triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela y expuso la violencia extrema con la que operan las bandas narco en el conurbano bonaerense. Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron engañadas, secuestradas, torturadas y enterradas en el patio de una casa de Villa Vatteone que había sido preparada con precisión. No fue un ataque al azar: fue una ejecución planificada como represalia dentro del código del narcomenudeo.
El 19 de septiembre, las jóvenes salieron desde Ciudad Evita creyendo que asistirían a una fiesta. Se les prometieron 300 dólares por participar del encuentro. Subidas a una Chevrolet Tracker blanca, fueron escoltadas por un Volkswagen Fox blanco y un Chevrolet Cruze negro, parte del operativo de apoyo. Cámaras de seguridad registraron el trayecto. Nadie sospechó lo que las esperaba.
En la casa de la calle Chañar al 700, las víctimas encontraron guantes de látex sobre la mesa, música apagada de golpe y un pozo recién cavado en el patio. El lugar estaba sellado, sin posibilidad de escape. La banda las acusaba de estar vinculadas con un robo de cocaína rosada (“tusi”) proveniente de Bolivia, y su ejecución fue un castigo ejemplificador.
Las jóvenes fueron sometidas a golpes, cortes, fracturas y asfixia, en lo que la fiscalía describió como “una ejecución disciplinadora con sufrimiento prolongado”. Después de asesinarlas, los cuerpos fueron enterrados bajo tierra suelta, mientras la banda limpiaba con lavandina y quemaba ropa en un descampado cercano. La camioneta usada fue descartada y la escena alterada.
La organización y los responsables
La banda operaba con estructura jerárquica. A la cabeza estaba el productor conocido como “abuelo”, responsable de la fabricación de la droga y la coordinación de toda la cadena de distribución. Por debajo, “papá”, encargado de la logística de los grandes envíos y la resolución de conflictos.
En el nivel operativo local se encontraba Víctor Lázaro Sotacuro, alias “El Duro” o “Chato”, quien supervisaba acopios, repartos y aplicaba sanciones dentro de la banda. A los “pequeños”, operadores intermedios que manejaban el menudeo y la logística, pertenecían:
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Tony Jansen Valverde (“Pequeño J” o “Julio”): coordinador del traslado de las víctimas y de la venta al menudeo.
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Matías Agustín Ozorio: mano derecha de Pequeño J; ayudó a preparar la casa y el pozo, trasladaba droga.
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Kevin Valverde (“Rulos”): transporte de droga y control de entregas.
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José (“Nero”) y Paco: menores dedicados a venta y distribución.
Entre los ejecutores directos y colaboradores se encontraban:
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Miguel Ángel Villanueva Silva: pareja de Celeste González; autor material de los crímenes.
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Manuel David Valverde Rodríguez: participante directo dentro de la casa con guantes de látex.
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David Gustavo Morales Huamaní (“El Loco David”): líder operativo; planificó la maniobra de engaño.
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Alex Roger Idone Castillo: logística y planificación de la ejecución; pareja de Milagros Ibáñez.
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Milagros Florencia Ibáñez: encubrimiento y logística; viajó con Idone y Sotacuro.
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Maximiliano Andrés Parra: limpieza de la casa y alteración de rastros.
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Iara Daniela Ibarra: colaboración en limpieza y encubrimiento.
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Ariel Jeremías Alexis Giménez: asistencia en el encubrimiento y acomodar la tierra del pozo.
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Celeste Magalí González Guerrero: facilitó la casa y vendía drogas; participó en el encubrimiento.
El operativo policial y la investigación
Los primeros arrestos ocurrieron en la casa donde se cometió el crimen, con personas intentando limpiar la escena. Otros imputados fueron detenidos en Perú y Bolivia mientras intentaban huir. Entre ellos: Tony Valverde y Matías Ozorio. La Justicia también sigue tras la pista de Pequeño J, el coordinador del traslado, cuya identidad se confirmó gracias a comunicaciones interceptadas.
Actualmente hay más de diez imputados. La causa se encuadra como femicidio triplemente agravado y asociación ilícita, y la investigación logró reconstruir la mecánica del crimen, los roles de la banda y la secuencia de hechos.
