La justicia rionegrina leerá este jueves al mediodía, a partir de las 12, el veredicto en el segundo juicio por la desaparición y crimen Daniel Solano, el trabajador golondrina salteño que desapareció en noviembre de 2011 tras ser brutalmente sacado del boliche Macuba de Choele Choel.
En el banquillo están Cristian Toledo, Ceferino Muñoz y Walter Etchegaray, tres policías que aquella madrugada cumplían servicio adicional de seguridad en el local bailable. Según la acusación de la fiscalía y la querella, fueron ellos quienes retiraron a Solano del boliche y lo entregaron a los efectivos que luego lo torturaron y asesinaron, un hecho que todavía hoy permanece impune en parte porque su cuerpo nunca apareció, aunque hay siete policías condenados a prisión perpetua.
La fiscal jefa Teresa Giuffrida fue contundente en su alegato: sostuvo que los imputados no solo omitieron cumplir con el procedimiento policial que correspondía, sino que además encubrieron deliberadamente a los otros siete policías ya condenados a prisión perpetua en 2018. “Hubo una omisión maliciosa. Nada de lo que debían hacer se hizo”, advirtió en la audiencia.
La querella pidió condena para Toledo y Muñoz por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que a Etchegaray se lo acusa como partícipe necesario del homicidio agravado por alevosía y abuso de funciones, en concurso con vejaciones.
Para las defensas no hay pruebas
Las defensas, en cambio, reclamaron absoluciones. Alegaron que no hay pruebas suficientes y que el paso del tiempo hizo prescribir las responsabilidades. Pero para la familia Solano y para las organizaciones sociales que desde hace casi 14 años sostienen el reclamo de justicia, este nuevo fallo será un momento decisivo para saber si la justicia rionegrina está dispuesta a ir más allá de la condena de los autores materiales y desentrañar toda la cadena de encubrimientos que rodeó el caso.
Nunca se investigó en movil
Es importante aclarar, que pese a todas las denuncias de los abogados particulares Sergio Heredia y Leandro Aparicio, nunca se avanzó en el móvil del crimen. Solano había comenzado a reclamar las malas liquidaciones de la empresa Agro Cosecha, que traía trabajadores golondrinas desde Salta, les retenía los DNI y los hacia trabajar en condiciones infrahumanas en los campos de multinacionales en Valle Medio.
Hoy, los jueces Alejandro Pellizón, Maximiliano Camarda y Natalia González tendrán la última palabra.
