En una audiencia de procedimiento abreviado realizada este lunes en la Ciudad Judicial, la Justicia condenó a seis años de prisión efectiva a Marí Carolina Soto Zabala y Nairoby de las Mercedes Fraga Calorte, tras declararlas responsables de vender drogas en la ciudad de Añelo.
El acuerdo fue presentado por el asistente letrado de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (UFINAR), Pablo Jávega, quien atribuyó a las acusadas el delito de comercio de estupefacientes doblemente agravado: por hacerlo en inmediaciones de establecimientos deportivos y por la participación de tres o más personas organizadas, en carácter de coautoras.
El caso expuso el funcionamiento de una pequeña red de distribución de cocaína y anfetaminas que operaba desde una casa de Añelo, en la que convivían las dos principales acusadas junto a otras dos mujeres. Estas últimas —identificadas como L.P.M. y N.D.L.C.F.C.— tuvieron roles secundarios y resolvieron su situación procesal en septiembre mediante un acuerdo de prisión condicional y suspensión de juicio a prueba.
El negocio en el corazón de Añelo
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el grupo actuó al menos entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025, utilizando una vivienda ubicada a metros de un natatorio y un polideportivo, donde montaron una base de operaciones narco.
Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad hallaron 916 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de anfetaminas, una balanza de precisión, envoltorios de nylon, un posnet y $287.200 en efectivo. En el interior de la casa había dos compradores que, según declararon, habían pagado $10 mil por cada dosis.
De acuerdo a la reconstrucción fiscal, Soto Zabala y Fraga Calorte eran las principales encargadas de la comercialización y el manejo del dinero, mientras que las otras dos mujeres se ocupaban del fraccionamiento de la droga y de atender a los consumidores que llegaban al lugar.
“La organización generaba un riesgo concreto para la salud pública de Añelo y exponía a menores de edad, ya que operaba en una zona de alta concurrencia deportiva”, sostuvo el asistente letrado Jávega durante la audiencia.
Condena firme y decomiso del dinero
Como parte del acuerdo, el fiscal solicitó que ambas imputadas cumplan seis años de prisión efectiva, además de una multa de 100 unidades fijas y el decomiso del dinero secuestrado durante el operativo.
El juez de garantías Cristian Piana avaló el acuerdo entre las partes, declaró la responsabilidad penal de las acusadas y fijó las penas conforme al pedido del Ministerio Público Fiscal. También validó la renuncia de las partes a los plazos recursivos, por lo que las condenas comenzarán a ejecutarse de inmediato.
Con estas condenas, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad logró desarticular una célula de distribución que operaba en una de las zonas más transitadas de la localidad, y que, según la investigación, tenía como clientes a trabajadores y jóvenes de la zona
