Un abogado solicitó a la Justicia de La Plata que un detenido reciba atención médica urgente y, “en subsidio”, que sea crucificado en una plaza pública si no se le garantiza la asistencia sanitaria.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas, Lucas Bianco, radicó el planteo en el marco de la causa N°8384, seguida a un interno por el delito de “robo calificado por el uso de armas”. El letrado argumentó que su defendido, que se encuentra alojado en la Unidad Penal 35 de Magdalena, lleva varios días sin recibir atención médica, pese a múltiples recursos presentados.
La familia del preso denunció que el implicado “escupe sangre y tiene fiebre”, y que podría estar atravesando una recaída de tuberculosis, enfermedad que habría padecido en el pasado. Bianco explicó que presentó tres hábeas corpus ante el Tribunal Oral y Criminal I de La Plata (el 22, 27 y 28 de octubre) por “agravamiento de las condiciones de detención” ante la falta de atención médica, pero que ninguno tuvo respuesta efectiva por parte de las autoridades penitenciarias.
Ante la persistencia del cuadro y el silencio institucional, el abogado formuló un nuevo pedido ante el juzgado y reclamaba nuevamente asistencia médica inmediata y, “en subsidio, para el caso de no recibirla, que se lo lleve a la plaza pública para ser crucificado y ultimado”. El defensor, además, peticionó que se remitan copias a la fiscalía en turno para que se investigue penalmente al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, por los posibles delitos de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario.
En declaraciones posteriores, Bianco sostuvo que su planteo tiene un tono irónico y desesperado: “Pido subsidiariamente que crucifiquen al muchacho en la plaza si no le dan asistencia médica. Es una forma de denunciar la brutal indiferencia estatal. Además, solicito que se investigue al jefe del Servicio Penitenciario por abandono de persona”.
El escrito generó repercusiones en el ámbito judicial y político de La Plata, donde algunos funcionarios calificaron el escrito como una “provocación jurídica con sentido crítico”, mientras que otros lo consideraron una falta de respeto al proceso judicial. El caso ahora quedó a estudio del TOC 1, que deberá resolver sobre el nuevo hábeas corpus y las denuncias formuladas por el abogado.
