En pleno debate por el Presupuesto 2026, la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió una señal de alarma y advirtió sobre un fuerte ajuste en los fondos destinados a los hospitales universitarios, que sufrirían una reducción cercana al 30% en términos reales respecto de este año. Desde la institución hablaron de una situación crítica que podría afectar el funcionamiento de centros de salud clave.
A través de un comunicado, la UBA expresó su “extrema preocupación” por el impacto del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que el recorte compromete la atención médica, la formación de profesionales y la calidad educativa. Los hospitales universitarios no solo cumplen un rol académico, sino que también atienden a cientos de miles de personas cada año.
Según detalló la universidad, la reducción presupuestaria pondría en jaque a establecimientos emblemáticos como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari. En conjunto, estos centros brindan asistencia a más de 700.000 pacientes por año, muchos de ellos derivados del sistema público de salud.
Desde el Consejo Superior advirtieron que el ajuste se suma a la pérdida sostenida del poder adquisitivo del personal universitario. De acuerdo con los datos difundidos, los salarios de docentes, no docentes y científicos acumulan una caída cercana al 40% en su capacidad de compra desde diciembre de 2023, lo que profundiza el deterioro del sistema.
Además, la UBA alertó sobre la posible derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que, según señalaron, agravaría aún más la crisis presupuestaria. Para las autoridades universitarias, el recorte en gastos de funcionamiento afecta directamente la capacidad de respuesta de hospitales que históricamente sostienen una atención masiva y de alta complejidad.
En este contexto, y mientras el Presupuesto 2026 se discute en la Cámara de Diputados, la UBA pidió a los legisladores que rechacen o modifiquen el dictamen actual, con el objetivo de garantizar recursos acordes a las necesidades reales de las universidades nacionales y avanzar en una recomposición salarial que permita sostener el sistema educativo, científico y sanitario.
