Una joven de Neuquén denunció haber sido víctima de hostigamiento y difusión no consentida de imágenes íntimas, por parte de su expareja que vive en otro país. La presentación fue realizada con el patrocinio del equipo de la Defensoría Pública Civil N° 1, a cargo del defensor Otto Closs. La gravedad del caso llegó al punto de que, haciéndose pasar por ella, concertó encuentros con hombres que se hicieron presentes en su domicilio.
Según el expediente, la denunciante relató que tras finalizar la relación sentimental, el denunciado comenzó a difundir material íntimo y a exponerla en diversas plataformas digitales, lo que le generó episodios de ansiedad y afectó su vida cotidiana.
Por esto la Defensa solicitó la eliminación inmediata de los contenidos publicados y el aseguramiento de los datos informáticos vinculados a las cuentas del denunciado, con el objetivo de preservar la prueba digital. También requirió que se ordenara a las plataformas el bloqueo de nuevas subidas mediante sistemas de rastreo (“hash-matching”).
La jueza interviniente, Adriana Luna, hizo lugar a lo solicitado y dictó medidas cautelares en el marco de la Ley 2785 de Protección Integral contra la Violencia Familiar y de Género y la Ley Nacional 27.736, denominada ley ”Olimpia”.
La resolución ordena a las empresas Instagram, TikTok y X (Twitter) la eliminación de los perfiles y publicaciones identificadas y el resguardo de los datos informáticos durante 90 días, prorrogables por igual período. Además, dispone la prohibición de todo acto de perturbación o contacto por cualquier medio hacia la denunciante.
El defensor Closs explicó que “la difusión no consentida de contenidos privados incluyó la exposición de datos personales (documentos, domicilio real, institución en la que cursa sus estudios universitarios, etc.) la creación y uso de perfiles falsos a nombre de la víctima, y mensajes con contenido agraviante y estigmatizante”.
En su fallo, la jueza destacó la responsabilidad de las plataformas digitales en materia de Derechos Humanos y la obligación de prevenir y mitigar los impactos derivados de situaciones de violencia digital. En caso de incumplimiento, se evaluará la aplicación de sanciones previstas por la normativa vigente, incluida la inscripción del denunciado en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género (Ley 3233).
