Lo que cambió
El Registro Nacional de Armas (RENAR) publicó la Resolución 37/2025, que elimina la prohibición para comprar fusiles semiautomáticos y permite a legítimos usuarios y entidades de tiro adquirir este tipo de armamento bajo un sistema de permisos especiales.
Los solicitantes deberán acreditar la identificación del arma, la existencia de un espacio de guarda seguro, no tener antecedentes sancionatorios y demostrar un uso deportivo comprobable. La norma, publicada en el Boletín Oficial, fue presentada como un avance en la regulación, aunque genera preocupación por su posible impacto en la seguridad pública.
Preocupa el avance de los “testaferros de armas”
En diálogo con Pancho Casado por AM550, el exdelegado del RENAR Jorge Crespin explicó que la debilidad del sistema no está en los papeles, sino en los controles.
Crespin describió casos en los que personas habilitadas compran armas en cantidad y luego las hacen desaparecer del circuito legal:
“se ha detectado gente que compra de a 10 o 15 pistolas, luego la Policía va a ver y se encuentra con una toma, la persona no tiene capacidad de compra y dice ‘me las robaron’. Eso si que termina en el mercado negro”, advirtió.
Según explicó, este mecanismo se conoce como “testaferros” o “compradores ficticios”, y permite que armas adquiridas legalmente terminen en manos de personas no habilitadas o de organizaciones criminales.
Un esquema que ya preocupa
El riesgo, según Crespin, se multiplica con la digitalización de los trámites:
“Alguien se hace monotributista por tres meses, compra y después no lo encuentran más luego de haber adquirido las armas”.
Aunque reconoció que la modalidad online puede agilizar procesos, sostuvo que la falta de verificaciones presenciales facilita las maniobras fraudulentas.
La UFIARM identificó señales clave para frenar el tráfico de armas dentro del mercado legal
La fiscalía especializada en delitos con armas (UFIARM) elaboró un informe para detectar a los llamados “testaferros de armas”, personas que compran armas legalmente pero luego las entregan a otros que no están habilitados, muchas veces vinculados al crimen organizado. El trabajo, coordinado por la auxiliar fiscal Paulina Gómez, detalla cómo operan estos “compradores ficticios” y enumera señales de alerta que pueden ayudar a descubrir maniobras de desvío hacia el mercado ilegal.
El estudio identifica patrones sospechosos como domicilios falsos, ingresos que no coinciden con el nivel de compras, adquisición repetida de armas o desaparición del armamento. También advierte que detrás de estas operaciones pueden intervenir gestores, armerías y grupos criminales, lo que convierte a estas maniobras en redes organizadas que podrían incluir delitos como falsificación, contrabando o asociación ilícita. El objetivo del informe es mejorar la cooperación entre fiscalías y organismos de control para evitar que armas legales terminen en el circuito delictivo.
Qué exige la resolución
La normativa pide acreditar:
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Tipo, marca, modelo, calibre y número de serie del arma.
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Un espacio de guarda seguro tipo G2.
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Justificación del uso deportivo o institucional.
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Antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario.
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No tener sanciones ni trámites pendientes ante el RENAR.
Pese a esas condiciones, la preocupación pasa por cómo y cuánto se controlará que las personas cumplan realmente con los requisitos.
Qué está en juego
Especialistas en seguridad remarcan que el verdadero desafío no es la letra de la norma, sino su aplicación.
Si no se implementan inspecciones, controles cruzados y limitaciones efectivas a las transferencias, el sistema podría abrir un canal de acceso legal para abastecer al mercado ilícito de armas.
La alerta es clara: sin fiscalización constante, la nueva habilitación podría terminar armando a quienes el Estado intenta desarmar.
