El fiscal del caso Juan Narvaez, junto a la asistente letrada Fernanda Sabatini, formuló cargos contra tres hombres, Z.M., F.M. y S.S.M., por haber impedido de manera ilegítima el acceso y la operación que la empresa Shell Argentina S.A. ejerce en el área hidrocarburífera Coirón Amargo Sur Oeste, en Añelo.
El juez de garantías Cristian Piana tuvo por formulados los cargos y, también por solicitud de ambos representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), dispuso la prohibición de contacto respecto de personal de la locación.
Según la acusación, el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 12:30, los imputados se apostaron en el camino de acceso a las instalaciones ubicadas en un remanente del Lote Oficial 13, y bloquearon de forma activa y continua el ingreso y egreso de personal, vehículos y equipos, mediante la colocación de un alambrado.
El bloqueo se mantuvo hasta el día siguiente e impidió que la operadora –a cargo de la UTE CASO– realizara relevos de personal y tareas técnicas necesarias para garantizar condiciones seguras de operación, generando afectación operativa y riesgo ambiental.
Según precisó Narvaez, al día siguiente, cerca de las 15, una abogada de la empresa junto a un escribano se presentaron en el lugar para certificar el bloqueo. En ese momento, F.M., junto con otros de los imputados, llegó en una camioneta, descendió y comenzó a increpar e insultar al personal presente.
Se dirigió especialmente hacia la abogada, responsabilizándola por la situación e intimidándola con frases amenazantes, además de realizar gestos obscenos. En esta instancia, continuaron obstruyendo el acceso al personal y contratistas de la empresa.
El fiscal resaltó que, “aun cuando habían sido demorados el sábado y notificados de la investigación, al día siguiente reanudaron el bloqueo en horas de la mañana, impidiendo nuevamente el ingreso hasta aproximadamente las 15:30, cuando fueron demorados por personal policial y trasladados a la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar”.
El representante del MPF afirmó que, con su accionar “los tres imputados afectaron el ejercicio legítimo de la empresa sobre un derecho real de servidumbre vigente, perturbando la actividad hidrocarburífera autorizada en el área”, y encuadró la imputación en el delito de turbación de la posesión, dos hechos en concurso real, en carácter de coautores (arts. 181, 3er párrafo. 45 y 55 del Código Penal).
El juez Piana convalidó la formulación y fijó el plazo de investigación en 4 meses, además avaló las medidas cautelares solicitadas por el fiscal del caso: prohibición de cometer actos de turbación sobre los caminos para los tres imputados y, solo respecto de F.M., prohibición de contacto por cualquier medio y de cometer conductas de amedrentamiento en contra de personal de la empresa Shell y sus contratistas.
