Finalizó el juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales y el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
En total son 12 personas las declaradas penalmente responsables por el tribunal, a quienes se les impondrá una pena. En el pedido, Vignaroli afirmó que, dada la prueba producida y la decisión del tribunal, se está ante “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”.
Junto al fiscal jefe Vignaroli, el equipo de la fiscalía estuvo integrado por el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara. En representación de la querella por la Fiscalía de Estado intervino el abogado Gustavo Kohon.
En esta etapa, el MPF se basó en el veredicto previo, donde los jueces Juan Gaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees declararon la responsabilidad unánime de las personas, por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
Los jueces habían descartado la figura de asociación ilícita que había propuesto el MPF.
En este contexto, y ante las defensas pretendiendo condenas con los mínimos legales o de ejecución condicional, el fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió penas de cumplimiento efectivo a todos los imputados, y diferenció entre los coautores y los partícipes primarios (o necesarios).
Mañana será el turno de las defensas y luego, el tribunal se tomará el plazo ordinario para comunicar su decisión final, la cual deberá moverse en el rango establecido por los pedidos de la fiscalía y las solicitudes que realicen las defensas, posiblemente condenas de ejecución condicional.
Para los coautores la fiscalía solicitó las siguientes penas de prisión:
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Abel Di Luca (ex ministro de Desarrollo Social), Tomás Siengentharler (coordinador provincial), Ricardo Soiza (director de Planes Sociales): 6 años
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Néstor Pablo Sanz (director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social) y Luis María Gallo (director de Finanzas): 5 años y 6 meses
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Laura Carolina Resnik (directora de Finanzas) y Julieta Mariana Oviedo (directora de Tesorería): 5 años
Partícipes primarios (o partícipes necesarios), la fiscalía solicitó:
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Marcos Ariel Osuna (Jefe de Departamento de informática en la Dirección de Planes Sociales): 4 años y 8 meses
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Alfredo Cury e Isabel Natalia Montoya: 4 años
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Valeria Noemí Honorio: 3 años y 8 meses
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Emanuel Rodolfo Victoria Contrera: 3 años y 6 meses
Además, el fiscal jefe solicitó la inhabilitación especial perpetua para asumir cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso para todos los condenados, como así también el decomiso de bienes registrales.
Cómo fue el proceso
Durante la audiencia se escucharon las explicaciones de algunos acusados que pidieron la palabra. Uno de ellos pidió disculpas, mientras que el resto dio sus respectivos versiones respecto de los delitos que se probaron en su contra.
Las estafas se lograron mediante el uso de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenía el plástico. Una fracción del subsidio se destinaba al beneficiario (en algunos casos, alrededor de 49 mil pesos), y el resto se dirigía, según la teoría fiscal, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Antes de este juicio, otras nueve personas fueron condenadas por reconocer su participación en tareas complementarias (como retirar dinero de cajeros o cobrar cheques), recibiendo penas de 3 años de prisión condicional.
