La causa por la mayor estafa con planes sociales registrada en Neuquén vuelve a tener un capítulo decisivo. Este martes inicia la segunda etapa del juicio oral, en la que se debatirán las penas que deberán cumplir los 12 condenados por la maniobra que desvió más de 1.000 millones de pesos destinados a asistencia social. La fiscalía adelantó que irá por prisión efectiva para los principales responsables.
Los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita volverán a ocupar el estrado, los mismos que dirigieron las más de 30 audiencias. La acusación estará a cargo de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, junto a Gustavo Kohon como querellante por la Fiscalía de Estado.
Cómo quedó la condena: administración fraudulenta agravada
El Tribunal descartó la figura de asociación ilícita y condenó a los imputados por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública.
Los coautores condenados son: Orlando Abel Di Luca (quien se desempeñaba en el momento de los hechos como ministro de Desarrollo Social), Tomás Siegenthaler (coordinador provincial), Ricardo Nicolás Soiza (director de Planes Sociales), Luis María Gallo (director de Finanzas), Laura Carolina Reznik (directora de Finanzas), Julieta Mariana Oviedo (directora de Tesorería) y Néstor Pablo Sánz (director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social). .
Como partícipes primarios, fueron declarados responsables: Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna (Jefe de Departamento de informática en la Dirección de Planes Sociales), Emanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Cury.
Aunque el proceso había iniciado con 14 imputados, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había retirado la acusación de dos funcionarios de menor jerarquía, por lo que el tribunal decidió absolverlos de todo cargo por unanimidad.
Según la Fiscalía, los hechos se desarrollaron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, a través de una estructura organizativa con roles bien definidos, utilizando tarjetas de débito a nombre de beneficiarios que, en muchos casos, no tenían control real sobre esas cuentas. Se registraron 9.303 operaciones fraudulentas, lo que implicaría un perjuicio para el Estado neuquino estimado en $153.377.900 (valor histórico), monto que al actualizarse supera los 1.000 millones de pesos.
La Fiscalía ha afirmado en varias audiencias que los fondos desviados desde los planes sociales no solo beneficiaban a particulares, sino que también se habrían utilizado para fortalecer al Movimiento Popular Neuquino (MPN). Se habló de un aparataje político: reclutadores que inscribían personas vulnerables, tarjetas que no llegaban efectivamente a esos beneficiarios, y extracciones mediante punteros.
Además, parte de los acusados ya tenían condenas anteriores: 9 personas habían llegado a acuerdos y recibido condenas por admitir su participación en maniobras de extracción de dinero a través de cajeros automáticos y cheques.
Qué se discute este martes: agravantes, atenuantes y perfil de cada imputado
La audiencia se centrará en la determinación de la pena, que según el Código Penal debe graduarse en función de los agravantes y atenuantes de cada condenado.
Uno de los principales agravantes que planteará la fiscalía será la magnitud del daño causado. Para eso declarará Vanina Barrionuevo, subcontadora general de la Provincia, quien explicará cómo los fondos desviados correspondían a programas destinados a personas en situación económica crítica.
“Hubo afectación concreta a derechos de personas vulnerables”, anticipó Kohon, al detallar el enfoque del Ministerio Público.
Los cambios estratégicos de la fiscalía tras las últimas audiencias
Durante la etapa de juicio, el Tribunal marcó que no se demostró que los imputados se quedaran con el dinero desviado. En cambio, quedó acreditado que los fondos se utilizaron para financiar actividades políticas del Movimiento Popular Neuquino. Ese punto obligó al Ministerio Público a modificar su línea argumental para esta nueva etapa.
En el juicio oral, la fiscalía buscó probar que varios imputados habían adquirido terrenos, vehículos o inaugurado un centro de estética con fondos de la maniobra; pero esa hipótesis no prosperó.
La megaestafa con planes sociales se convirtió en uno de los procesos judiciales más complejos y extensos de Neuquén. Durante las más de 30 audiencias se acreditó que la maniobra operó durante años mediante cambios irregulares en la nómina de beneficiarios, retiros de cheques, falsificación de firmas y desvío sistemático de fondos destinados a asistencia social.
Los jueces remarcaron el daño estructural al sistema de ayuda estatal y el impacto directo sobre personas que necesitaban ese dinero para subsistir.
Qué podría pasar ahora
La fiscalía pedirá prisión efectiva para los principales imputados y buscará justificar cada solicitud caso por caso. La defensa intentará que se apliquen penas mínimas o alternativas, planteando atenuantes personales y cuestionando la incorporación de algunos antecedentes.
Las audiencias podrían extenderse toda la semana y serán decisivas para establecer si los condenados van a prisión o si reciben penas de ejecución condicional.
