Tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, a partir de hoy un Tribunal de Impugnación revisará el caso Otoño Uriarte. La joven de Fernández Oro desapareció el 23 de octubre de 2006 y fue encontrada muerta en la usina de El 30 en Cipolletti, seis meses después. Nunca se supo con certeza qué pasó. Este año, en febrero, los mismos cuatro sospechosos de siempre, Germán Ángel Antilaf, Maximiliano Manuel Lagos, José Hiram Jafri, y Néstor Ricardo Cau fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo los recursos presentados por la defensa lograron revocar el fallo y quedaron libres.
La orden del máximo tribunal rionegrino es que un Tribunal de Impugnación con una nueva integración revise todo lo actuado en el juicio por la desaparición y muerte de Otoño Uriarte. En una causa que lleva 19 años sin verdad ni responsables, los jueces deberán evaluar si confirman la absolución dictada por el TI anterior, si reponen la condena a perpetua o si, como exige la familia, anulan todo el proceso y reabren la investigación desde cero bajo la figura de desaparición forzada.
A partir de allí, el clima en Cipolletti promete ser espeso. Porque esta nueva audiencia no es una más: llega después de innumerables papelones judiciales. La primera investigación fue de las peores, con la jueza María del Carmen García García destituída. Con un Jefe de Policía, como Víctor Cufré, cuestionadísimo por encabezar una investigación paralela junto con uno de los integrantes del STJ de entonces, Víctor Hugo Sodero Nievas. Con pericias genéticas que no se hicieron por falta de recursos.
Y luego, un día antes de la prescripción de la causa, la causa se elevó a juicio sin pruebas nuevas. En el juicio, los cuatro imputados fueron condenados a prisión perpetua. El tribunal explicó que no existían morigeraciones posibles a la condena y que los cuatro fueron condenados como coautores, ya que todos planificaron el secuestro y también entre todos le dieron muerte. A todos les cabe la misma responsabilidad.
La opinión de la familia
Roberto Uruarte siempre se mostró reticente. Es cierto que la Justicia no hizo demasiado para lograr su confianza. Una prueba es que recién el año pasado, después de 18 años, cuando la causa fue elevada a juicio, se firmó el certificado de defunción y el cuerpo de Otoño fue retirado del depósito de la morgue judicial de Roca. Nunca antes lo había reclamado.
Uriarte, quien se presentó como querellante en el juicio, con patrocinio particular de la abogada cipoleña Gabriela Prokopiw en el juicio pidió prisión perpetua a los cuatro acusados. Sin embargo no conformó a su cliente. Insiste en que Otoño fue captada por una red de trata de personas, por eso reclama que la causa sea calificada como "desaparición forzada de persona", un delito federal. Pide el cambio de fuero con los antecedentes de avances que tuvo el caso del estudiante Sergio Ávalos en Neuquén.
La teoría de la trata de personas siempre sobrevoló. Sin embargo nunca hubo alguna prueba concreta para sostener la acusación. Sólo algunos comentarios sin sustento, o la aparición de una testigo protegida que luego no avanzó en su testimonio. Desde la Justicia la explicación que brindan es lógica: "nacie va asecuestrar a una chica, someterla y forzarla a la prostitución y luego deshacerse del cuerpo en la misma ciudad de donde desapareció".
Para la familia, los cuatro imputados no podrían haber sostenido su impunidad durante casi dos décadas sin la participación –o al menos la cobertura– de agentes estatales. Por eso sostienen que el Poder Judicial rionegrino “garantizó la impunidad durante 19 años”, evitando avanzar sobre posibles complicidades policiales y judiciales.
¿Qué tiene que hacer el nuevo TI?
Después de la sentencia a perpetua a los cuatro imputados y un Tribunal de Impugnación borró todo de un plumazo y los absolvió, apoyándose en las críticas de las defensas sobre errores, valoraciones inconsistentes y contradicciones en la sentencia inicial. Ese volantazo encendió todas las alarmas y terminó en el escritorio del STJ, que revisó el proceso y ordenó que la conformación de otro tribunal, con integración absolutamente distinta, para volver a mirar el expediente.
La fiscalía adelantó que se mantiene firme en la condena de prisión perpetua dictada por el tribunal de Cipolletti en febrero, y pedirá que ese fallo sea ratificado en su totalidad. Aseguran que la sentencia fue sólida, que las pruebas fueron correctamente valoradas y que la absolución del TI anterior fue “un desvío incomprensible” que desarmó un juicio que llevaba años de construcción.
Del otro lado del mostrador, las defensas repetirán que sus clientes deben seguir absueltos porque el primer fallo estuvo plagado de errores graves. Las pruebas con las que llegaron a juicio, son las mismas que siempre estuvieron en el expediente. No hubo ninguna nueva.
