El Superior Tribunal de Justicia volvió a dinamitar las expectativas de un fallo rápido en el caso Gabriel Mandagaray y dejó en claro que la discusión seguirá empantanada en la justicia rionegrina: rechazó el recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema porque “no hay sentencia definitiva” y porque las defensas ni siquiera cumplieron con los requisitos formales.
El expediente, ya castigado por idas, vueltas y anulaciones, regresa ahora al Tribunal de Impugnación, que deberá hacer una revisión completa, seria y punto por punto de las condenas dictadas por la muerte del joven policía durante una capacitación del COER.
El fallo cayó como un baldazo frío en una causa que ya cargaba con el desgaste de años de revisiones fallidas. El STJ, con la contundencia que no siempre exhibe, marcó que el Recurso Extraordinario Federal era “prematuro”: no había nada parecido a una sentencia definitiva, ni un cierre del proceso, ni una decisión que clausurara la persecución penal. En criollo: no se puede ir a la Corte cuando la casa todavía está desordenada. La resolución que las defensas pretendían saltar por arriba sólo anulaba la revisión anterior y ordenaba empezar de nuevo.
Además, el máximo tribunal fue todavía más punzante al exponer los errores técnicos del recurso. No sólo faltaba la “definitividad” que exige la Corte: tampoco se cumplían los requisitos básicos de la Acordada 4/2007. Las presentaciones –según el fallo– no tenían un relato claro, no demostraban un perjuicio concreto, no refutaban todos los fundamentos de la sentencia anterior y, para colmo, no explicaban qué tenían que ver las normas federales invocadas con lo que realmente se discutía. Un combo perfecto para el rechazo.
Sin embargo, el golpe más fuerte no fue ese. Antes de este planteo federal, el propio STJ ya había puesto en crisis la causa al ordenar una revisión “integral y exhaustiva” de las condenas dictadas contra los instructores del COER.
Esa decisión, publicada semanas atrás, obligó a rehacer por completo el análisis del Tribunal de Impugnación. No alcanza –dijo el STJ– con repetir la sentencia: hay que reconstruir qué hizo cada uno, cómo fue la cadena de mandos, cuáles fueron las responsabilidades individuales y en qué condiciones se desarrolló el entrenamiento que terminó con la muerte de Gabriel Mandagaray.
En aquel fallo, el STJ había sido demoledor: la revisión del Tribunal.de Impugnación 2 era tan superficial que no cumplía con los estándares mínimos de la doctrina de la autoría paralela. Tampoco respetaba el principio de congruencia. Y lo más grave: no explicaba por qué los instructores actuaron como actuaron, pese a que el entrenamiento incluía una caminata interminable, maniobras en el mar sin chaleco salvavidas y la exposición de un grupo extenuado, física y mentalmente, a ejercicios sin supervisión adecuada.
El máximo responsable del curso era Alejandro Gattoni, jefe del COER, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez, todos fueron acusados por abuso de autoridad en los entrenamientos en general y coautores del homicidio culposo de Mandagaray. Además, a Contreras se le sumó las lesiones graves provocadas contra otro policía cursante, Esteban Lagos Millapán, a quien de una patada le fracturó el coxis. Todos fueron condenados, pero luego las penas quedaron en nada.
Ahora, con el recurso federal derrumbado, la trama vuelve al mismo lugar: todo depende del nuevo tribunal que deberá revisar las condenas desde cero.
Mientras, la familia Mandaharay, que ya atravesó tres años de vaivenes, vuelve a quedar atrapada en la incertidumbre. Sabe que las condenas existen, pero también que un mal análisis puede dejarlas tambaleando. Sabe que el STJ pide rigor técnico, pero también sufre cada demora como un nuevo cachetazo. En el medio, un solo dato es indiscutible: el caso, lejos de acercarse al final, vuelve a abrirse y promete otra ronda de tensión judicial.
