Un estremecedor caso de espionaje institucional sacude por estas horas al Alto Valle. La tranquilidad del pequeño municipio de Huergo se vio quebrada tras el hallazgo de un dispositivo de escucha oculto en el despacho de la intendenta Silvia Penilla. El hecho, que ya se encuentra bajo investigación judicial, pone al descubierto un episodio de vigilancia ilegal que despierta múltiples interrogantes sobre la seguridad, la transparencia y las luchas de poder en el corazón del gobierno local.
La denuncia fue presentada por la propia jefa comunal, luego de que una empresa de ciberseguridad, contratada tras sospechas internas, detectara mediante un barrido electrónico un micrófono oculto en el cielorraso del despacho oficial. La tecnología usada por los peritos permitió localizar el artefacto con precisión quirúrgica, desencadenando un procedimiento judicial inmediato.
A partir de la denuncia, el fiscal Juan Carlos Luppi, de la Fiscalía Descentralizada de Villa Regina, ordenó un operativo urgente. Efectivos de la Brigada de Investigaciones, Criminalística y personal especializado de la Policía de Río Negro irrumpieron en el edificio comunal y extrajeron el micrófono que hasta ese momento permanecía invisible, pero activo en las entrañas mismas del poder.
El caso comenzó a gestarse semanas atrás, cuando Penilla empezó a notar indicios inquietantes. Según allegados a la mandataria, en más de una ocasión, información sensible discutida en estricta confidencialidad con interlocutores de máxima confianza fue mencionada luego por terceros ajenos. La coincidencia no podía ser fruto del azar: alguien estaba escuchando desde las sombras.
Las primeras hipótesis apuntaban a las cámaras de seguridad instaladas en la oficina. Pero fue la revisión de la infraestructura y el barrido tecnológico lo que encendió la alarma roja: no era una cámara, era un micrófono, escondido como una trampa sorda en el techo del despacho más importante del municipio.
Por el momento, no hay sospechosos identificados. La investigación avanza con cautela y bajo estricto hermetismo, mientras los peritos analizan el dispositivo hallado en busca de huellas, componentes electrónicos rastreables o indicios que puedan conducir a los autores materiales e intelectuales del espionaje.
El impacto político es inevitable. En un contexto donde la privacidad y la institucionalidad deberían ser pilares inviolables, este episodio pone en jaque la confianza en los mecanismos de seguridad de la administración pública local.
Desde la intendencia no se han emitido declaraciones oficiales, aunque fuentes cercanas aseguran que Penilla sigue de cerca cada paso del proceso judicial. La gravedad del hecho trasciende lo anecdótico: podría configurar un delito federal, y conllevar penas severas si se logra identificar a los responsables.