En una audiencia realizada el lunes en la ciudad de Zapala, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo solicitó que se les otorgue la suspensión de juicio a prueba a dos hombres imputados por desarmar, comercializar y almacenar autopartes usadas sin contar con la debida habilitación legal.
De acuerdo a la acusación de la fiscalía, J.B.R.R, llevaba adelante la actividad en un predio ubicado sobre Ruta Provincial 13, frente al bosque comunal de Zapala, desde enero de 2023 hasta fines de octubre de 2024. Allí, desarmaba vehículos y comercializaba autopartes usadas sin autorización ni inscripción en el registro correspondiente, en clara infracción a la Ley 25.761.
El segundo imputado, L.A.M, habría cometido hechos similares en su domicilio ubicado en la misma ciudad, utilizando la red social Facebook para ofrecer repuestos y partes usadas de automóviles también sin la debida habilitación legal y durante el mismo período.
Ambos tenían partes usadas de automotores que eran almacenadas, comercializadas y desarmadas sin la identificación legal, y que no estaban registradas para su venta ante el registro Nacional del Automotor, cuando fueron allanados los lugares donde las almacenaban.
Luego, en una audiencia de formulación de cargos realizada a mediados de marzo pasado, fueron acusados por violar los artículos de la normativa que regula la actividad de desarmaderos y venta de autopartes en el país.
La jueza de garantías Carolina González, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la suspensión de juicio a prueba requerida por las partes y presentada por la fiscalía para ambos acusados, por un año, con las siguientes condiciones: deberán fijar domicilio y no podrán ausentarse sin previo aviso; no podrán abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes; presentarse ante el Patronato de Liberados cada cuatro meses; no cometer nuevos delitos.
Como parte del acuerdo fueron decomisados todos los secuestros para evitar la continuación del delito y deberán ser compactados. Luego, ese material será donado a escuelas técnicas para que le den el uso que consideren pertinente.
La suspensión de juicio a prueba es una medida que se aplica en casos en los que los delitos que se imputan, tienen pena en expectativa menor a tres años y cuando los acusados no tienen antecedentes penales.