Durante 2025, el Gobierno de Río Negro profundizó su política pública contra la trata de personas, con mayor presencia en territorio, fortalecimiento de la prevención y un trabajo articulado con la Justicia Federal, fuerzas de seguridad, municipios y organismos nacionales.
Así lo explicó Angélica Calfin, coordinadora provincial del Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, al realizar el balance anual del área.
“El cambio concreto fue el alineamiento y el respaldo del Gobierno para estar más en territorio, tanto en lo asistencial como en lo preventivo. Estar en cada espacio de la provincia es clave para visibilizar la problemática y prevenir”, señaló.
380 entrevistas y 10 rescates efectivos
A lo largo del año, el programa intervino en 25 localidades de Río Negro, donde se realizaron 380 entrevistas en el marco de evaluaciones y entrevistas de despeje. Como resultado, se logró el rescate de 10 personas en situaciones de presunta trata laboral o sexual.
Desde el organismo aclararon que las entrevistas no implican automáticamente rescates. En muchos casos, se trata de relevamientos ordenados por la Justicia Federal ante denuncias por presunta explotación laboral o sexual.
Rescates voluntarios y evaluación caso por caso
Calfin explicó que los rescates se realizan bajo una perspectiva de derechos humanos. “No hacemos rescates compulsivos. La persona decide si retornar a su lugar de origen, salvo situaciones extremas de vulneración de derechos”, indicó.
Este abordaje permite diferenciar entre conflictos laborales y casos que efectivamente encuadran dentro de la Ley Nacional de Trata de Personas N° 26.842.
Explotación laboral, sexual e infantil: los datos del año
Según el balance oficial, en 2025 se relevaron:
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64 personas por presunta explotación laboral
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14 personas por presunta explotación sexual
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2 situaciones de presunta explotación infantil
La mayoría de las personas asistidas regresaron a sus lugares de origen. En la provincia, los casos de permanencia fueron escasos y se dio acompañamiento integral en cada situación.
Protocolos ante casos de explotación infantil
Ante la detección de posibles casos que involucran a niñas, niños o adolescentes, se activan protocolos inmediatos con los organismos competentes. El trabajo se articula con la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, para garantizar un abordaje integral.
Dónde se registraron más intervenciones
Durante 2025 se registraron situaciones en distintas regiones de Río Negro. Las intervenciones más frecuentes se dieron en Valle Medio y Alto Valle, principalmente vinculadas a presunta explotación laboral de trabajadores migrantes.
También hubo actuaciones en San Carlos de Bariloche, El Bolsón y zonas rurales como Corralito, además de demandas espontáneas y asesoramientos telefónicos en toda la provincia.
Desde el programa remarcaron que “no todo es trata” y que cada situación requiere una evaluación fina para determinar si existen indicadores del delito o si se trata de infracciones laborales.
Articulación judicial y causas en curso
El programa recepcionó 25 oficios judiciales, participó en 15 allanamientos y realizó 28 asistencias integrales, además de dos repatriaciones internacionales a Paraguay y Perú.
Respecto a imputaciones o causas judiciales, desde el área señalaron que la información depende de la Fiscalía y la Justicia Federal. En algunos casos, como investigaciones en Bariloche, se espera que durante 2026 se requieran declaraciones testimoniales u otras medidas judiciales.
Señales de alerta y cómo denunciar trata de personas
Desde el Programa Provincial recordaron que el principal indicador del delito de trata es la restricción de la libertad, como la retención de documentos, el control de movimientos o el engaño mediante falsas promesas laborales, muchas veces difundidas a través de redes sociales.
Línea 145: denuncia gratuita y anónima
Ante cualquier duda o sospecha de explotación laboral o sexual, se recomienda comunicarse con la Línea 145, de alcance nacional, gratuita y anónima. La línea resguarda la identidad de quien denuncia y es clave para activar la intervención estatal en un delito de competencia federal.
