En una decisión que sienta un precedente judicial en la provincia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cipolletti condenó al Estado rionegrino a indemnizar con casi 2 millones de pesos a Roberto Antonio Cares, el padre de Cristian Cares, un joven de 18 años que se suicidó en un calabozo de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas. El trágico episodio ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 2014, y más de una década después, la Justicia consideró que hubo responsabilidad estatal en no prevenir el fatal desenlace.
Cristian era conocido en la zona y también por los efectivos policiales de esa dependencia. Luchaba contra una fuerte adicción a las drogas y al alcohol, y su paso por la comisaría no era nuevo. Aquella madrugada fue detenido por causar disturbios en estado de ebriedad. Gritaba, insultaba, estaba fuera de sí. Reclamaba atención médica por un dolor en la rodilla, supuestamente producto de un golpe en el momento de la detención. Sin embargo, la autopsia desmintió que tuviera una lesión que requiriera tratamiento.
A las 7 de la mañana, un agente lo encontró sin vida. Se había ahorcado usando un pullover que le dejaron en la celda debido al frío. A pesar de que los policías afirmaron haber cumplido el protocolo y retirado los objetos de riesgo, la prenda fue suficiente para que el joven terminara con su vida.
Desde entonces, Roberto Cares inició un largo camino judicial. Sostuvo que el Estado no garantizó una custodia efectiva sobre su hijo, a pesar de conocer su estado mental y físico. En su demanda por daños y perjuicios reclamó más de 1,8 millones de pesos por daño psicológico, daño moral y pérdida de chance (es decir, por la posibilidad de recibir apoyo futuro del hijo).
En diciembre de 2023, el juez Mauro Marinucci, titular del Juzgado Civil N° 9 de Cipolletti, reconoció parcialmente la demanda. Consideró que el Estado debía asumir solo el 50% de la responsabilidad y otorgó una suma de $350.443,83 únicamente por daño psicológico. El resto fue desestimado por falta de pruebas. Cares no se conformó. Recurrió el fallo por considerarlo “insuficiente”. La provincia también presentó una apelación, aunque más tarde se desistió.
La resolución final llegó ahora, con la firma de los jueces Emilce Álvarez, Alejandro Cabral y Vedia, y Marcelo Gutiérrez. Por unanimidad, decidieron incrementar el monto de la indemnización. Coincidieron en que el resarcimiento inicial era escaso e insuficiente, aunque también remarcaron que no existían pruebas sólidas sobre el vínculo afectivo y la dependencia económica entre padre e hijo.
Finalmente, fijaron el pago en un millón de pesos más intereses desde el día del hecho (6 de agosto de 2014) hasta el fallo de primera instancia, lo que lleva la cifra total a $1.751.827, además habrá que contar los intereses posteriores que deberán sumarse hasta que el Estado cumpla con el pago durante le próximo ejercicio del presupeusto.