Un nuevo escándalo sacude a la ciudad de Neuquén. La Municipalidad confirmó que el propietario de un edificio ubicado en la esquina de Luis Beltrán y San Luis, en la zona del Bajo, fue sancionado con una multa de 21 millones de pesos por graves irregularidades edilicias que derivaron en el colapso de los servicios cloacales, entre otros problemas estructurales. Además, se le exigió la remediación inmediata de los daños para garantizar la seguridad de quienes habitan el lugar.
Pero el conflicto no termina ahí. Según reveló el fiscal Juan Narváez, de la Unidad de Delitos Económicos, en declaraciones a La Red Neuquén, se abrió una causa penal que involucra al escribano y abogado García Marro, quien ya fue notificado de los cargos por estafa procesal. En paralelo, hay otras tres investigaciones en curso que buscan determinar responsabilidades más profundas en torno al funcionamiento irregular del edificio.
"Por los testigos y sus relatos se abrió una investigación para determinar las responsabilidades por la cuestión edilicia del edificio y un desalojo de los departamentos por cuestiones de seguridad", explicó Narváez.
El edificio en cuestión no solo presenta problemas de infraestructura, sino que además está en el centro de una red de maniobras presuntamente fraudulentas en las operaciones de venta y alquiler de unidades, muchas veces sin el cumplimiento de condiciones básicas ni responsabilidades por parte del titular.
“Hay otros inmuebles con situaciones similares y se relacionan con el acusado que vende o alquila sin hacerse responsable de la actividad”, agregó el fiscal, en una declaración que abre la puerta a una trama más amplia de irregularidades inmobiliarias en la ciudad.
Mientras avanza el proceso judicial, desde la Justicia neuquina se hizo un llamado a posibles nuevas víctimas: “Si existen más víctimas del acusado o de este tipo de estafas, deben acercarse a la Justicia para dar su testimonio”, solicitó Narváez.
¿Qué pasó?
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El edificio del Bajo neuquino fue construido con múltiples irregularidades edilicias.
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Se detectó el colapso de los servicios cloacales y otras fallas de infraestructura.
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La Municipalidad impuso una multa millonaria de $21 millones al propietario.
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La Justicia investiga a García Marro, escribano y abogado, por estafa procesal y otras operaciones ilegales en inmuebles.
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Se ordenó el desalojo preventivo de los departamentos por cuestiones de seguridad.
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Se abrió un llamado a nuevos damnificados a presentarse como testigos en la causa.
El caso pone sobre la mesa una realidad preocupante: la existencia de construcciones sin controles adecuados, utilizadas con fines comerciales, sin resguardar la seguridad de sus ocupantes ni respetar los procedimientos legales.