Una red criminal compuesta por internos del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa fue desbaratada por la Policía Federal Argentina. La investigación, iniciada por una causa de narcotráfico, reveló también la distribución de material de abuso sexual infantil desde dentro de la cárcel.
El operativo, llevado a cabo por la División Unidad Operativa Neuquén, fue ordenado por la fiscal federal Vanesa Rebolledo Venencio, en el marco de un expediente que había comenzado por tráfico de drogas. Sin embargo, durante las pesquisas, los agentes descubrieron una estructura aún más compleja y aberrante: los reclusos también intercambiaban imágenes de abuso sexual infantil, utilizando distintos dispositivos tecnológicos.
Durante los allanamientos dentro del penal, se secuestraron computadoras, celulares camuflados, pendrives, documentación, y 76 gramos de marihuana. El material digital incautado ya está siendo analizado por peritos especializados en delitos informáticos.
Según la información recolectada hasta el momento, la organización utilizaba sectores del penal como el área educativa y la zona de visitas íntimas para coordinar sus actividades ilegales. Las comunicaciones y movimientos se realizaban con un alto nivel de planificación y reserva, lo que dificultó su detección inicial.
La fiscal Cecilia Pagano Mata, quien se sumó a la investigación, advirtió: “Este tipo de delitos en contextos carcelarios no es nuevo, pero el nivel de organización detectado en este caso es alarmante”. Las autoridades no descartan nuevos allanamientos ni detenciones fuera del penal, ya que la causa continúa en etapa de instrucción.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron el rol del recientemente implementado Código Procesal Penal Federal, que permitió una actuación más rápida y efectiva. También subrayaron la coordinación entre las fiscalías intervinientes, el Juzgado Federal y la Policía Federal Argentina.
El caso vuelve a poner en foco la capacidad de maniobra que mantienen ciertos internos desde el interior de los penales federales, así como las fallas estructurales del sistema penitenciario para prevenir el uso de tecnología con fines delictivos.