El juez de garantías Maximiliano Bagnat volvió a quedar en el centro de la polémica al rechazar un nuevo pedido de prisión preventiva en un caso de microtráfico, a pesar de que la fiscalía solicitó expresamente aplicar la recientemente sancionada Ley de Reiterancia. La audiencia se llevó a cabo en San Martín de los Andes, donde un hombre fue acusado por segunda vez en dos meses por tenencia de drogas con fines de comercialización. Pese a las evidencias presentadas, Bagnat desestimó la prisión preventiva y mantuvo las medidas cautelares mínimas dictadas en mayo.
El fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Surá expusieron que el imputado ya había sido acusado el 14 de mayo por vender drogas desde un domicilio ilegal en el barrio Gobernadores Neuquinos. Ayer, en un nuevo allanamiento, se le volvió a encontrar 35 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, más de 360 mil pesos y 13 mil pesos chilenos, todos indicios de que continúa con la misma actividad ilícita. La fiscalía recalcó que hay una clara reiteración delictiva, contemplada en la nueva normativa aprobada el pasado 3 de julio.
Sin embargo, el juez Bagnat rechazó aplicar la Ley 3514 al considerar que no se cumplían los requisitos de riesgo de fuga o entorpecimiento procesal. Desde la fiscalía advirtieron que esa interpretación desconoce el espíritu de la norma, que justamente busca evitar que personas con causas abiertas por delitos graves, como el narcotráfico, permanezcan en libertad mientras reinciden. “Reiteró la misma conducta, en el mismo lugar y apenas dos meses después”, enfatizó Ávila, visiblemente molesto.
La investigación conjunta entre el Ministerio Público Fiscal y la División Antinarcóticos de Zona Sur dejó en evidencia que el domicilio del imputado sigue funcionando como centro de venta de estupefacientes. En la audiencia, se explicó que la prisión preventiva por 60 días era una medida “necesaria y razonable”, no solo por la reiterancia, sino por el daño que implica mantener activo un punto de venta en un barrio residencial.
Pese a todo, el juez decidió sostener las mismas medidas impuestas en mayo: prohibición de hablar con vecinos sobre el caso, obligación de firmar los viernes en comisaría y rondines policiales en la zona. Para la fiscalía, esa resolución deja sin efecto práctico una ley votada por amplia mayoría en la Legislatura,