Una mujer fue formalmente acusada este viernes por causar la muerte de una motociclista en la Ruta Provincial 7, en Centenario, tras cruzar un semáforo en rojo, embestirla y huir del lugar sin auxiliarla. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, le imputó el delito de homicidio culposo agravado durante una audiencia en la Ciudad Judicial.
El trágico hecho ocurrió el jueves por la mañana, alrededor de las 8:00, en la intersección de Ruta 7 y calle 5, a la altura del cementerio. La acusada, identificada como C.S.S., conducía un Volkswagen Vento en dirección sur-norte cuando, según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), cruzó un semáforo en rojo e impactó a Elizabeth Martínez, quien circulaba en una motocicleta Mondial 110 c.c. con la luz verde a su favor.
La víctima murió en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.
La fiscal Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, expuso que la mujer acusada no estaba habilitada para conducir y que, luego del choque, se fugó sin brindar asistencia a la víctima. Más tarde se presentó en una sede policial.
Una conducta temeraria y múltiples agravantes
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a C.S.S. el delito de homicidio culposo agravado por varios factores:
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Conducción imprudente y antirreglamentaria.
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Fuga del lugar del hecho sin intentar socorrer a la víctima.
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Falta de licencia habilitante.
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Violación de la señalización del semáforo.
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Culpa temeraria, todo en carácter de autora.
Entre las pruebas presentadas, se destacan testimonios de testigos presenciales, el informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y pericias técnicas en curso, como los resultados toxicológicos y la pericia accidentológica.
Medidas cautelares y plazo de investigación
La fiscal pidió como medida cautelar que la acusada tenga que presentarse semanalmente en una comisaría y que se le prohíba conducir cualquier tipo de vehículo por al menos seis meses, mientras avanza la investigación.
El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la formulación de cargos, aceptó las medidas solicitadas y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.