Menos de dos semanas le bastaron a la Justicia para cerrar uno de los casos de narcotráfico más resonantes de los últimos tiempos en Neuquén. Lo que comenzó en abril como una investigación discreta terminó con allanamientos simultáneos, secuestro de droga valuada en más de 170 millones de pesos y la condena exprés de ocho integrantes de una organización que operaba con precisión milimétrica en distintos barrios de la capital neuquina y en Senillosa.
El jefe de la estructura era Braian Adrián Pérez, quien daba las órdenes y recibía las ganancias. Bajo su mando, siete personas —entre ellas familiares y allegados— se dedicaban a vender droga al menudeo, aportar cuentas virtuales para recibir el dinero y custodiar el negocio.
Condenas récord
Durante una audiencia de procedimiento abreviado, todos los acusados reconocieron su participación. Pérez fue condenado a 6 años de prisión efectiva, mientras que los demás —Rosana Beatriz Pérez, Alan Darío Tarifeño, Franco Agustín Rojas, Martín Alejandro Matus, Julieta Rocío Guerrero, Yamila Soledad Aveiro y Mauro Julián Vázquez— recibieron penas de 3 años de prisión condicional.
La fiscal Eugenia Titanti, junto con el asistente letrado Bruno Miciullo, detalló que la acusación fue por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas. Además, varios miembros fueron responsabilizados por tenencia ilegítima de armas de fuego.
El botín narco
El juez de garantías Marco Lupica Cristo dispuso el decomiso de un patrimonio llamativo: tres camionetas de alta gama (dos Toyota Hilux y una VW Amarok), un auto Volkswagen Vento, cuatro motos enduro y dos bicicletas de alta gama, una vivienda utilizada como búnker, que será reconvertida en un centro de rehabilitación, seis kilos de cocaína y más de dos kilos de marihuana y 1,5 millones de pesos, dólares, pesos chilenos, diez armas de fuego y una máquina contadora de billetes.
Investigación a contrarreloj
El trabajo coordinado entre la fiscalía y la Policía neuquina permitió avanzar rápido: desde el inicio de la pesquisa en abril hasta los allanamientos del 8 de agosto, se fueron sumando pruebas y movimientos de los implicados.
Lo más llamativo fue la velocidad con la que se resolvió el caso: el 9 de agosto se formularon cargos y apenas 11 días después se dictaron las condenas, un tiempo récord en el sistema judicial provincial.
Una banda con estructura definida
Según la fiscalía, Pérez actuaba como líder absoluto, mientras que los demás cumplían roles complementarios pero imprescindibles: desde la venta directa hasta la provisión de billeteras electrónicas para mover el dinero de las transacciones.
El negocio era tan lucrativo que la organización llegó a mover millones en pocos meses, con un sistema aceitado que incluía logística, custodia y distribución.
Un mensaje de la Justicia
Más allá de la condena, lo que busca resaltar el Ministerio Público Fiscal es el impacto del decomiso: quitarle a la banda no sólo la libertad, sino también los bienes que financiaban su actividad. El destino de la vivienda —convertida en un futuro centro de rehabilitación— es un símbolo de cómo se intenta revertir el daño que causa el narcotráfico en la comunidad.
