El sistema de salud de Neuquén quedó sacudida por un escándalo que combina lo insólito y lo preocupante: un traumatólogo infantil es investigado por la supuesta realización de “cirugías fantasma” a afiliados de OSPEPRI, la obra social del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La Justicia de Neuquén investiga a dos médicos -un traumatólogo infantil y un anestesista- por haber llevado adelante una millonaria estafa. Según la acusación, los profesionales le facturaron a la obra social cirugías a niños afiliados que nunca realizaron y por las que habrían obtenido ganancias por más de 20 millones de pesos.
La investigación, a cargo de la fiscal Valeria Panozzo, comenzó a partir de una denuncia hecha por el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, luego de detectar irregularidades en la facturación a su obra social. Desde la Justicia señalaron que “el sindicato, sus afiliados, la obra social y la mutual se han visto defraudados económicamente por pagos indebidos hacia el profesional que fraguó intervenciones quirúrgicas no realizadas hacia afiliados que sólo atendió en consultorio o incluso en hospitales”.
Los informes de auditoría revelan un patrón que se repite en distintos expedientes: operaciones declaradas como urgencias que se habrían realizado en tiempos quirúrgicos imposibles, ausencia total de evaluaciones previas y posteriores, falta de registros de internación y partes anestésicos inexistentes. Todo ello, acompañado de facturación de códigos médicos duplicados, incongruentes o sin relación alguna con las patologías declaradas.
Los informes de auditoría revelan un patrón que se repite en distintos expedientes: operaciones declaradas como urgencias que se habrían realizado en tiempos quirúrgicos imposibles, ausencia total de evaluaciones previas y posteriores, falta de registros de internación y partes anestésicos inexistentes.
Cinco"cirugías" en una hora y alta inmediata
El caso más alarmante corresponde a una niña de 3 años con antecedentes de cardiopatía. En el parte quirúrgico figura que la menor fue sometida de urgencia a una tenoplastia bilateral de rodillas, una tenoplastia bilateral de caderas y una osteoplastia de ambos pies, todo en el mismo acto quirúrgico.
Lo insólito es que, según consta en el registro, todo el procedimiento duró apenas 60 minutos y la paciente fue dada de alta una hora después, sin registro de internación, controles pre o postoperatorios, ni parte anestésico.
Tampoco existe evidencia de una evaluación previa por el servicio de emergencias, estudios de laboratorio o imágenes que justificaran la urgencia. Para agravar las sospechas, en la misma fecha en que supuestamente se realizó la intervención, la menor figura en una consulta ambulatoria con otro especialista, sin relación alguna con el procedimiento quirúrgico declarado.
La hoja de enfermería, firmada por el propio médico y no por personal de enfermería, presenta anotaciones incompletas, ilegibles y sin detalle de insumos ni controles. La firma de un familiar aparece en el documento, pero sin aclaración ni relación clara con la práctica.
Las irregularidades revelan serias incongruencias en los registros, que van desde la ausencia de protocolos anestésicos hasta la inexistencia de controles postquirúrgicos.
Esto plantea dos escenarios igualmente graves: que las cirugías jamás se realizaron y se trató de una maniobra fraudulenta contra la obra social, o bien, que en caso de haberse llevado a cabo, se cometió un gravísimo mal accionar médico al omitir todo el procedimiento previo y posterior que exige una intervención de tal magnitud.
“Operada” de rodilla y tratada en odontología el mismo día
En otro expediente, se advierte la facturación de procedimientos por luxaciones de rótula en una niña y tratamientos quirúrgicos asociados, todos codificados y cargados en días consecutivos, sin sustento clínico. Además, aparecen consumos por kinesioterapia y fisioterapia, aunque nunca intervinieron kinesiólogos ni fisioterapeutas en la atención de la paciente.
Lo llamativo es que incluso se detectaron consumos relacionados con odontología, sin ninguna relación con la patología traumatológica declarada.
La auditoría revela una situación aún más grave: no existen partes quirúrgicos, ni informes anestésicos, ni registros de internación, ni evaluaciones pre ni postoperatorias que respalden los supuestos procedimientos. Es decir, toda la documentación mínima indispensable para acreditar una cirugía brilla por su ausencia.
La suma de estos elementos configura un escenario de fraude administrativo y mala praxis potencial, ya que no solo se habrían facturado prácticas inexistentes, sino que además se habría puesto en juego la seguridad del paciente infantil en cuestión.
Cirugía de 30 minutos que nunca existió
Otro de los casos investigados reveló que el traumatólogo infantil registró una intervención quirúrgica como “urgente”, que según los documentos se realizó en apenas 30 minutos y que incluía procedimientos imposibles de ejecutar en ese lapso.
El parte quirúrgico presenta además incongruencias con el tiempo operatorio y con los códigos de facturación que se solicitaron a la obra social. La auditoría detectó que se cargaron tres códigos de prácticas médicas que no guardan relación con lo supuestamente realizado en quirófano.
A esto se suma una serie de omisiones graves: no hay registros de internación, evaluaciones prequirúrgicas, consultas previas ni controles posteriores que respalden la intervención declarada. Tampoco figura documentación de anestesia ni seguimiento clínico posterior, elementos indispensables en cualquier procedimiento de este tipo.
Por la ausencia de pruebas y las contradicciones en los documentos, los auditores concluyeron que existen dudas fundadas sobre la veracidad de la práctica quirúrgica.
