El viernes 1 de agosto, una mujer cruzó un semáforo en rojo a bordo de un Volkswagen Vento e impactó contra la motociclista Elizabeth Martínez, de 53 años, quien falleció en el lugar. El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta Provincial N° 7 y calle 5, en Centenario, cerca del cementerio local.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la conductora huyó de la escena sin asistir a la víctima y no contaba con licencia. Horas después se presentó ante la Policía.
El antecedente de 2024: su hijo sobrevivió a un choque grave
La misma conductora había protagonizado otro siniestro vial el 27 de junio de 2024, también en la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario. En aquella oportunidad, perdió el control del auto, impactó contra una rotonda y luego contra un poste de alumbrado.
En el vehículo viajaba su hijo de un año, quien sufrió lesiones graves: politraumatismos, fracturas múltiples y traumatismo de cráneo. Si bien en un momento, se habló de que había fallecido gracias a las lesiones, el menor sobrevivió al impacto.
La investigación determinó que la mujer conducía a 91,4 km/h, había consumido alcohol —ella misma reconoció haber ingerido vodka—, no usaba cinturón de seguridad y el asiento infantil estaba mal colocado.
“Pena natural” y falta de imputación en el primer caso
En ese primer hecho, la fiscal Lucrecia Verónica Sola aplicó el criterio de “pena natural”, considerando que las graves consecuencias sufridas por la mujer debido a su accionar eran un castigo suficiente.
La pena natural se impone cuando, debido al sufrimiento que provoca el propio hecho, se entiende que no tiene sentido perseguir penalmente al responsable. Por ejemplo, se aplica en casos de padres o madres que, por su responsabilidad y sin intención de que ocurra, sufren la muerte o lesiones graves de un hijo o hija.
En 2024, este criterio llevó a que no se la imputara penalmente, ya que se evaluó que el daño emocional por las lesiones de su hijo era un castigo suficiente.
Imputación y medidas cautelares por el último caso
En audiencia judicial, la fiscal Guadalupe Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, formuló cargos por homicidio culposo agravado. La acusación sostiene que la mujer condujo de forma imprudente, violó la señalización semafórica, evadió la asistencia a la víctima y carecía de habilitación para conducir.
El juez Raúl Aufranc dispuso medidas cautelares: prohibición de conducir cualquier vehículo y presentaciones semanales en la comisaría durante seis meses. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.