La pareja se había casado, construido su casa sobre un lote municipal y levantado allí su proyecto de vida. Con el tiempo, la Municipalidad de Río Colorado cedió al hombre los derechos de posesión del terreno. Sin embargo, tras la separación, el hombre decidió transferir esos derechos a un tercero, sin el asentimiento de su exesposa, que nunca dejó la vivienda.
Al volver de unas vacaciones, la mujer se encontró con una demanda de desalojo en curso. En respuesta, acudió a la justicia civil con un argumento clave: ninguno de los cónyuges puede disponer de la vivienda familiar sin el consentimiento del otro.
El tribunal de Choele Choel le dio la razón. Declaró nula la cesión de derechos al considerar que violó tanto la protección constitucional de la vivienda familiar como las normas sobre bienes gananciales. Un informe social corroboró que la familia reside en la propiedad desde 2017 y que incluso realizó ampliaciones.
Quien inició el juicio de desalojo alegó haber adquirido los derechos “de buena fe y a título oneroso”. Pero las pruebas no alcanzaron para acreditar la legalidad de la operación.
La jueza recordó que el artículo 456 del Código Civil y Comercial exige el asentimiento del otro cónyuge para cualquier disposición sobre la vivienda conyugal. La falta de este requisito, subrayó, provoca la nulidad del acto. El fallo dejó firme la protección de la vivienda como núcleo del hogar familiar y cerró la puerta al intento de desalojo.
