La Justicia laboral de Bariloche condenó a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a pagar más de 910 millones de pesos a la familia de un joven que murió en abril de 2022 cuando intentaba llegar al Refugio Frey, en el cerro Catedral, para cumplir con su jornada laboral sin ropa técnica, sin comunicación y bajo una tormenta. La responsabilidad es por no haber hecho controles, ni capacitaciones, ni brindar asistencia a la familia tras la tragedia.
La historia comenzó el 23 de abril de 2022, cuando el trabajador emprendió solo el ascenso hacia el refugio. La alerta meteorológica anunciaba condiciones extremas y él no contaba con indumentaria adecuada. Nunca llegó a destino. Su cuerpo apareció dos días después, muy cerca del refugio, con signos de hipotermia.
La investigación dejó al descubierto una maniobra escandalosa: aunque el joven trabajaba allí desde diciembre de 2021, su alta laboral recién fue cargada el 25 de abril, apenas un día antes de su muerte, y la baja se informó minutos después de que hallaran el cuerpo. Para los jueces, esa maniobra fue un intento deliberado de ocultar responsabilidades.
Durante el juicio, el empleador intentó negar la relación laboral y dijo que las tareas eran “esporádicas”. Sin embargo, fue él mismo quien presentó la documentación en AFIP y en la aseguradora. Los testimonios confirmaron que el joven cumplía funciones regulares, con largas jornadas, bajo órdenes directas y con un salario por debajo de lo pactado en los convenios. No había registros en libros de sueldos, ni entrega de equipos ni capacitaciones para trabajar en la montaña.
El Club Andino Bariloche, dueño de la concesión del refugio, también fue demandado. Aunque en el contrato había delegado la explotación y se había desligado de cualquier obligación laboral, el Tribunal lo mostró como un ejemplo de un esquema sin controles. Finalmente, el Club y el empleador firmaron un acuerdo conciliatorio con los padres del joven, por lo que la causa continuó sólo contra la ART.
La aseguradora admitió que la muerte se produjo en ocasión de trabajo, pero no cumplió con lo que marca la ley: no controló las condiciones en el refugio, no capacitó al personal, no evaluó riesgos y no asistió a la familia. Meses después intentó ofrecer un pago parcial mediante una consignación judicial, estrategia que fue rechazada de plano.
La Cámara Primera del Trabajo consideró que la ART actuó con dolo, aplicó el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y fijó una indemnización millonaria. Según el fallo, la aseguradora litigó sabiendo que no tenía razón y dejó en evidencia la cadena de omisiones que derivaron en la muerte del trabajador. La condena la obliga a pagar 910 millones de pesos, aunque puede ser apelada.
