El Ministerio Público Fiscal presentó dos acuerdos para imponer nuevas penas en el caso de las estafas con planes sociales. Estas dos personas eran parte de la asociación ilícita conformada por exfuncionarios y empleados del Ejecutivo, que se dedicaban a cometer fraude con el cobro de planes sociales.
La presentación de estos nuevos acuerdos fue realizada por el fiscal del caso Juan Manuel Narváez y la asistente letrada Agustina Jara. Los acuerdos comprenden a Rodolfo Andrés López (participaba en la extracción de dinero mediante cheques y tarjetas de débito sin autorización) 3 años de prisión en suspenso, 432 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 4); y Adrián Alfredo Meza Lizama (aceptó los subsidios de manera fraudulenta) 3 años de prisión en suspenso con 360 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 5).
El fiscal del caso y la asistente letrada detallaron que el perjuicio ocasionado por López fue de $12,7 millones; y en el caso de Meza Lizama por $4,9 millones.
De qué se trata el caso de las estafas con planes sociales
Según la fiscalía, un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
La maniobra se efectuó con distintos niveles de responsabilidad, y con el rol de jefes está ubicado Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, con diversos roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel.
Qué pasará con estos nuevos acuerdos y el juicio para los demás imputados
El juez que dirigió la audiencia, Cristian Piana, resolvió hacer un cuarto intermedio hasta el lunes, para definir la aceptación de los acuerdos presentados por el MPF, y que contaron con el aval de la querella y de las personas imputadas.
En caso de ser avalados se sumarán a las penas que ya se impusieron a cinco acusados y acusadas en septiembre del año pasado y que fueron similares: éstas comprendieron a Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes aceptaron haber integrado la asociación ilícita y hacer tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.
Tanto las dos penas presentadas este viernes, como las cinco anteriores, son por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal).
Las demás personas imputadas en el caso, irán a juicio. El próximo martes está previsto que se realice la audiencia de control de la acusación en la Ciudad Judicial, que es el paso previo para la etapa de juicio (se estima que se realizará en marzo o abril próximo).