Un robo millonario de celulares sufrido por el Ministerio Público de Río Negro terminó con la imputación de cinco personas por el delito de encubrimiento. Fue en noviembre del año pasado y el costo de los dispositivos supera los 7 millones de pesos.
Todo comenzó con una adquisición oficial: 40 teléfonos celulares Samsung Galaxy A25, cada uno valuado en unos 650 mil pesos, destinados a tareas de las fiscalías y defensorías. El envío se realizó desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la sede del organismo en Viedma. Sin embargo, al momento de la entrega, se detectó una grave irregularidad: once dispositivos habían desaparecido.
La sustracción fue advertida el 9 de noviembre, fecha en la que se recibió el paquete incompleto. A partir de ese momento, se activó una investigación que puso en marcha una serie de medidas junto con la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) y con colaboración del Ministerio Público Fiscal bonaerense.
La pesquisa se centró en el trayecto del envío y en el rastreo técnico de los dispositivos mediante el número de IMEI. Gracias a esta herramienta, se descubrió que los celulares robados fueron activados bajo nuevas titularidades ese mismo día, y en jurisdicciones del conurbano bonaerense como Rafael Calzada, Almirante Brown, Claypole, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.
La simultaneidad entre la desaparición y el encendido de los teléfonos fue clave: permitió inferir que los aparatos fueron sustraídos durante el traslado o en el ámbito de la empresa de encomiendas. Con esa información, se llevaron adelante siete allanamientos en domicilios del Gran Buenos Aires, lo que permitió individualizar a los nuevos usuarios.
Esas cinco personas -dos hombres y tres mujeres-fueron formalmente acusadas por encubrimiento. Según la fiscalía, cada uno de ellos habría comprado o recibido un teléfono “a sabiendas de su procedencia delictiva”.
Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada por videoconferencia, el fiscal presentó como prueba el expediente de compra, los remitos de entrega, declaraciones de empleados judiciales y el informe de IMEI de los 40 equipos. De los once celulares robados, dos ya fueron recuperados.
La investigación permitió confirmar que solo 29 de los 40 dispositivos fueron efectivamente entregados y utilizados por el Ministerio Público. El faltante representa un daño patrimonial considerable para el Estado, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar si hubo participación interna o complicidad en la cadena de traslado.