La Justicia acusó formalmente al intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, junto a dos de sus funcionarios más cercanos, por una serie de delitos graves vinculados al manejo de fondos públicos. Los cargos también alcanzan al secretario de Hacienda, Sebastián Crespo, al secretario de Obras y Servicios Públicos, Julio Quiroga, y a un contratado municipal cuya identidad fue reservada. Están imputados por peculado, defraudación a la administración pública agravada y falsificación de documentos públicos, en una causa que ya fue calificada como de gravedad institucional que podría alcanzar los 40 millones de pesos en principio.
Según la acusación fiscal, la investigación apunta a un esquema de contrataciones directas realizadas por vía de excepción, que habrían sido utilizadas de manera irregular tanto para el mantenimiento de establecimientos educativos provinciales como para tareas de parquizado y arreglo de plazas en la ciudad.
La Justicia sostiene que los fondos involucrados provenían tanto de la Administración de la Provincia de Río Negro como del Municipio de Cinco Saltos, lo que amplía el alcance y la complejidad del caso.
En ese contexto, los investigadores remarcan que las maniobras bajo análisis no fueron aisladas ni circunstanciales. Por el contrario, entienden que existió una operatoria sostenida en el tiempo, ejecutada por funcionarios con poder de decisión, que habrían utilizado su rol institucional para defraudar al Estado. Todo esto, claro está, forma parte de una investigación preliminar, y las responsabilidades penales deberán definirse en el avance del proceso judicial.
Además, como parte de las medidas ordenadas, la Justicia dispuso que todos los acusados designen abogados defensores y avanzó con el libramiento de oficios a entidades bancarias y billeteras electrónicas, en busca de información financiera clave. Este punto marca un giro sensible en la causa, ya que apunta directamente a reconstruir posibles movimientos de dinero y trazabilidad de los fondos públicos investigados.
A la par, se incorporó a numerosas personas en carácter de testigos, quienes serán convocadas cuando comiencen las declaraciones indagatorias. Sus testimonios podrían resultar determinantes para esclarecer cómo se realizaron las contrataciones, quiénes intervinieron y bajo qué criterios se justificaron las excepciones administrativas.
Por último, en una definición que encendió todas las alarmas, la Justicia dejó asentado que se trata de hechos de alta complejidad, con la presunta participación de varios autores, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra organizada. En función de ello, se dio intervención al Fiscal de Estado de la Provincia de Río Negro, sumando así otro actor clave en una causa que ya sacude con fuerza el escenario político e institucional de Cinco Saltos.
