El silencio de la madrugada del 4 de enero se quebró de golpe en una casa de Zapala. Eran cerca de las cinco de la mañana cuando una conversación que había comenzado con la intención de “hablar” tras una separación reciente derivó en una escena extrema de violencia de género que pudo terminar en un femicidio.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la mujer había concurrido a la vivienda acompañada por un familiar, a pedido del imputado, identificado como H.A.C.. Con el correr de las horas y tras consumir alcohol, el hombre se tornó violento. Primero fueron los gritos. Después, los golpes directos al rostro y al cuerpo.
En medio del ataque, el agresor tomó un cuchillo y lo clavó con fuerza sobre una mesa, en un gesto intimidante. La violencia escaló aún más cuando lesionó a la víctima en un brazo y luego tomó un revólver calibre 22. Apuntó hacia ella y gatilló. El disparo no salió. Ese segundo, marcado por el clic seco del arma, fue decisivo.
El familiar que presenció el ataque pidió ayuda. Personal policial y de salud asistió a la mujer, que presentaba lesiones visibles y se encontraba en estado de shock.
Este viernes, durante una audiencia judicial, la asistente letrada Margarita Ferreyra y el fiscal Marcelo Jofré formularon cargos contra H.A.C. por tentativa de femicidio, agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. También solicitaron cuatro meses de plazo para la investigación y 30 días de prisión preventiva.
La fiscalía sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el acusado intentó deshacerse de elementos relacionados con el hecho, y advirtió un peligro concreto para la víctima y los testigos. Según se expuso, el imputado habría incumplido medidas de protección vigentes y mantuvo conductas intimidantes posteriores al ataque.
La defensa, en tanto, cuestionó la calificación legal y pidió que el hecho sea encuadrado como lesiones leves y amenazas, además de rechazar la prisión preventiva por considerar que no había riesgos procesales.
Sin embargo, la jueza Bibiana Ojeda avaló la acusación del Ministerio Público Fiscal. Al resolver, consideró que existen indicios suficientes de una clara intención de quitarle la vida a la mujer y que tanto ella como los testigos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
La magistrada dispuso 30 días de prisión preventiva para el imputado, mientras avanza la investigación de un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia de género en el interior de la provincia.
