La recurrencia por parte de los jueces neuquinos a la figura de la prisión preventiva a cumplirse en un domicilio, generalmente de algún pariente del imputado, ha comenzado a preocupar a quienes planifican y proyectan formas de mejorar la seguridad pública en la provincia.
Hace una semana, un juez penal ordenó la prisión preventiva de un delincuente reiterado, conocido por andar haciendo tropelías, siempre, con profusión de uso de armas, en la casa de la abuela. Hace unas pocas horas, otro juez dispuso que un hombre que encerró a su pareja durante horas en una habitación, infiriéndole en el proceso castigos corporales, cumpliera prisión preventiva en la casa de su madre.
En estos casos, usualmente el juez dispone además vigilancia policial permanente, o periódica, y también la utilización de tobillera electrónica para el imputado.
La aplicación de recursos no convencionales a causas penales que recién se instruyen, provoca, según los entendidos, cada vez más preocupados, la distracción de esos recursos que podrían usarse en otras cuestiones quizás más relevantes o especialmente justificadas.
Especialmente, cuando se utilizan agentes policiales para una guarda determinada, hecho que implica perder un policía para tareas de patrullaje o actividades propias a su función más tradicional.
En ningún caso se explica claramente por qué se utiliza el mecanismo de reclusión en viviendas particulares en lugar de hacerlo en un lugar de detención: alcaidías o prisiones, que están, precisamente, para eso.
