La fiscalía y la defensa penal pública lograron un acuerdo de procedimiento abreviado pleno para los tres acusados por la brutal pelea a tiros entre vendedores ambulantes, ocurrida en agosto pasado en la vera de la Ruta Nacional 22, a la altura del cruce de J.J. Gómez. Con el aval de la víctima, los hombres reconocieron su responsabilidad y aceptaron las penas propuestas: desde tentativa de homicidio con arma de fuego hasta lesiones leves, pasando por amenazas y encubrimiento agravado. El acuerd implica penas de cárcel efectiva para dos de ellos.
La escena judicial no fue menor: uno de los hombres admitió haber disparado y aceptó la calificación de "tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego", sumada a portación ilegal y amenazas simples. La condena que deberá cumplir es de 5 años y 4 meses de prisión efectiva, un castigo que busca dar respuesta a la gravedad del ataque que dejó a la víctima internada en terapia intensiva.
Pero no fue el único. El segundo imputado reconoció haber incurrido en "amenazas simples y encubrimiento agravado", delitos que lo colocan en una situación comprometida: recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva y, además, se le declaró la primera reincidencia, un dato que marca su historial y lo expone a futuras sanciones más duras.
Finalmente, el tercero aceptó la calificación de "lesiones leves" y deberá cumplir 3 meses de condena, aunque con estrictas reglas de conducta: no podrá acercarse al domicilio del principal implicado ni a menos de 50 metros de donde éste se encuentre. Una medida que busca evitar nuevos choques y preservar la seguridad.
El Ministerio Público Fiscal repasó durante la audiencia la abultada evidencia recolectada. No se trató de un expediente liviano: el acta policial del Destacamento 177° de Chacramonte, las entrevistas a testigos que estaban en el semáforo de la Ruta 22, la denuncia de la familia de la víctima, las filmaciones que se viralizaron en redes sociales y que fueron incorporadas al legajo, los registros de las cámaras del 911, el informe del Gabinete de Criminalística, la historia clínica del herido en terapia intensiva y hasta el reporte del Cuerpo de Investigación Forense. Todo fue puesto sobre la mesa para reforzar la contundencia del caso.
Conectado a ello, la presidenta del Tribunal Colegiado interviniente consultó uno por uno a los imputados si aceptaban la calificación legal y las penas propuestas. La respuesta fue unánime: sí. Los tres, con voz baja y gestos de arrepentimiento, dijeron sentirse avergonzados por lo ocurrido. Una escena que buscó transmitir humanidad, aunque para muchos en la comunidad no alcanza frente al dolor causado.
Ahora, la expectativa se centra en el próximo viernes 26 de diciembre a las 11:00, cuando el Tribunal dará a conocer su resolución definitiva, que seguramente sea la hommologación del acuerdo entre las partes.
