Esta mañana, el Ministerio Público Fiscal expuso dos casos que revelan la crudeza de la desobediencia y la fragilidad de las víctimas. En San Antonio Oeste y en Bariloche, hombres que ya tenían prohibiciones de acercamiento decidieron ignorarlas, generando escenas de tensión y miedo que terminaron en nuevas imputaciones.
En San Antonio, el hecho se repitió en tres momentos distintos entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. El imputado se presentó en la vivienda de la víctima, violando una medida que le impedía acercarse tanto a la mujer como al domicilio. El acta policial y el legajo judicial confirmaron que estaba debidamente notificado. La Oficina de Atención a la Víctima intervino, y el juez resolvió colocarle un dispositivo electrónico, además de reforzar la prohibición de contacto.
Por otro lado, en Bariloche, el 31 de diciembre a las 18:38, un joven de 24 años incumplió deliberadamente una orden judicial que le exigía mantener una distancia mínima de 200 metros. La víctima, en plena jornada laboral, sintió el acecho y la desesperación, activando el botón antipánico. La policía llegó de inmediato y constató el incumplimiento, demorando al agresor.
La investigación penal se extenderá por cuatro meses. El imputado fijó domicilio en Buenos Aires, pero mientras se concreta su traslado, rige la prohibición de contacto y acercamiento. En audiencia se le advirtió que, de reincidir, se pedirá prisión preventiva.
Estos episodios muestran cómo la desobediencia se convierte en violencia latente y cómo las víctimas, aun con medidas de protección, siguen expuestas a un riesgo real. La justicia intenta contener, pero la sensación de inseguridad se multiplica en cada caso.
