PANDEMIA CONFLICTIVA

Sigue el extorsivo y perjudicial paro en los colectivos neuquinos

Se mantendría la medida de fuerza hasta mañana. Los entretelones de un conflicto en el que se esconden muchas picardías.
martes, 8 de diciembre de 2020 · 11:12

Hay mucho malestar con el notorio paro del transporte colectivo en Neuquén, una medida en la que se muestra con cierta obscenidad un pacto no escrito ni explicitado entre el sindicato UTA y la empresa Autobuses Neuquén, y que afectará el servicio hasta mañana, configurando un final de año para el olvido, en el que todos -empresa prestataria, poder concedente, y -sobre todo- usuarios- han perdido algo.

Si se analiza que se está ante el fin de un período de concesión, y el preámbulo de un nuevo proceso de licitación del servicio, se entiende mejor el panorama. En el ambiente político se habla, sin tapujos, de una nueva y poco escondida extorsión. Autobuses Neuquén, según ha trascendido, pretende una extensión del actual contrato, y aspira a quedarse con no menos del 50 por ciento del servicio en la próxima compulsa, que se organizará esta vez con un diagnóstico previo de la Universidad Nacional del Comahue, con el fin de tener un nuevo servicio, en lo posible con dos o más empresas, funcionando en marzo de 2022.

Más allá de estos objetivos, no confesados públicamente, la empresa de los hermanos Rossi -con vínculos con el oficialismo nacional- presiona para sacar alguna ventaja en el peor año de la historia para el transporte público, afectado directamente por la pandemia. Lo que ha pasado ahora, el pago del 80 por ciento del salario, en lugar de la suma completa, a 368 empleados directos de la empresa que presta el servicio del transporte urbano en la capital neuquina, se da en un contexto donde funcionan 45 coches de los 110 que estaban en uso en marzo de este año, con una cantidad muy inferior de pasajes vendidos, y una fuerte carga de aportes del Estado: el nacional paga 15 millones de pesos mensuales, el provincial, 9 millones y el Municipal -poder concedente- 7,5 millones por mes. La empresa dice todo el tiempo que no le alcanza eso, y, que, además, los aportes del Estado nacional y provincial “siempre llegan tarde”.

En medio de esa presunta carencia estructural, se vive entre picardías constantes. “No resisten las auditorías serias”, se dijo en estos días, cuando el periodismo empezó a indagar sobre el fondo de la cuestión y el por qué de la medida de fuerza. Hay diferencias, aseguran, en lo que se pasa como costo de combustible y el costo real que se tiene; y hasta en el estado general del parque de vehículos, que, según la empresa, está en un 60 por ciento deteriorado. En este contexto, las presentaciones y exigencias de “reconocimiento de mayores costos” son permanentes. La realidad es que la diferencia entre la supervivencia simple y la rentabilidad acorde, parece ser exigida al Estado, como una compensación argumentada en los efectos de la pandemia.

Así, no hay inocencia alguna en la actual medida de fuerza, ejercida como presión directa hacia el poder concedente, es decir, el municipio capitalino. No es la primera vez que pasa, en una relación siempre ambigua y poco eficaz, según el despiadado juicio de los usuarios, y que ya viene deteriorada desde el gobierno municipal anterior.

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