Desamparados, en Las Perlas ruegan que no entre el COVID 19

Vecinos del paraje Las Perlas, barrio de Cipolletti ubicado a 20 kilómetros del centro, volvieron a reclamar a los gobiernos municipal y provincial de Río Negro la instalación de un centro de salud. Recordaron que a mediados del año pasado la Justicia les dio la razón en un recurso de amparo que, denunciaron, fue incumplido por el ex y la actual gobernadora, y también las innumerables gestiones realizadas ante el ministerio de Salud provincial y los dos últimos intendentes de Cipolletti.

La crítica situación, agravada por la pandemia de coronavirus, fue dada a conocer en un extenso documento firmado por Carlos Monteira, delegado del barrio Puente Santa Mónica e integrante del Plenario Intervecinal de Balsa las Perlas, en representación de casi 20 mil habitantes.

“Hace varios años que el centro de salud de Balsa las Perlas está siendo vaciado de personal médico, ambulancias y equipo de emergencias. Nunca tuvimos guardia médica de 24 horas. No hay médicos por la tarde, ni fines de semana o feriados”, comenzó destacando el comunicado.

Agregó que “luego de la muerte de un niño, Francisquito, en el barrio Primeros Pobladores por un accidente con energía eléctrica, se hizo un pedido de informe al Ministerio de Salud. La contestación del ministerio se constituyó con una serie de falacias, inexactitudes y nóminas de médicos y horarios de atención que no existían en Balsa”.

Ese y otros accidentes llevó a los referentes barriales a presentar un amparo, en marzo de 2019, que recayó en el juez Diego Vergilio quien lo aceptó casi dos meses después. En su resolución, Vergilio ordenó al por entonces gobernador, Alberto Weretilneck, y a su ministro de Salud, Fabian Szgaib, a “respetar el cronograma de atención médica en el centro de salud” y a que, en un plazo no mayor a los 90 días, “establecer la atención de una guardia médica las 24 horas”. Pero, aclaró Monteira, “nada se cumplió”.

Por ese incumplimiento volvieron al juzgado, pero no tuvieron más respuestas, destacó. También recordó que se pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, sin solución. Ya en marzo de este año, en el juzgado 1 les sugirieron que contraten un abogado para la ejecución de la sentencia y, ante la imposibilidad monetaria de ese representante, los derivaron a “la Defensoría de Pobres y Ausentes, a cargo de Gustavo Vidovic” quien en una audiencia posterior les comunicó que no podía acepar el caso  por haber “algunos amparistas pudientes”.

En el medio de todos esos trámites burcráticos, un chiquito murió electrocutado, tres personas quedaron tiradas en el suelo tres horas hasta la llegada de una ambulancia y un hombre murió desangrado hace unos días por un accidente con una amoladora. En todos esos casos, las ambulancias “no llegaron nunca a tiempo”, dijo Monteira.

Y finalmente, a la par de enumerar los pedidos de reuniones con funcionarios municipales y provinciales, afirmó “rogamos para que no aparezca un caso de coronavirus”.