La caída de recursos golpea a las empresas del Estado

El Estado tiene un problema serio de recaudación, y los entes que prestan servicio del Estado, también, o peor. Es el caso del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), con una situación que ya era de escasa cobrabilidad antes de la Pandemia, y ahora es más grave, con incremento en el nivel de morosidad.

El 1º de marzo, el gobernador Omar Gutiérrez había presentado un proyecto para remediar el asunto, y ese proyecto se comenzó a tratar en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, en la Legislatura, con la modalidad de video conferencia.

Lo primero que salta es la falencia estructural. Maximiliano Caparroz, el presidente de la comisión, informó que Caparroz informó que la provincia tiene 92 mil usuarios del servicio prestado por el EPAS, de los cuales (solamente) 6.400 tienen medidor. Señaló que la deuda con el ente es de 820 millones de pesos y que, con el plan de recupero, se estiman obtener alrededor de 200 millones de pesos que se destinarán a inversiones.

El plan de recupero propuesto por el Poder Ejecutivo incluye condonaciones de intereses y planes de pago de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019 por el servicio agua y saneamiento. Uno de los puntos que surgió en el debate para ser analizado es la posibilidad de extender los plazos, teniendo en cuenta que el proyecto fue presentado antes de la propagación de la pandemia y, desde entonces, el escenario cambió radicalmente.

Desde el Frente de Todos, el diputado Darío Peralta planteó la necesidad de establecer una prórroga sin intereses para los usuarios y las usuarias que no puedan pagar en el contexto de la pandemia. Por otro lado, observó que se trata de una ley recaudatoria que va a contramano de lo que se está implementando en el marco de la emergencia. El diputado Sergio Fernández Novoa, del mismo bloque, solicitó que se invite a funcionarios del organismo.

Su compañera de bloque, Soledad Martínez, pidió conocer la facturación mensual y el promedio de recaudación del ente, como así también incluir los períodos devengados durante la emergencia. A la vez, consideró que se trata de un proyecto “laxo” porque establece un régimen de facilidades y porcentajes de quita mientras que, por otro lado, contiene un artículo que plantea que el Poder Ejecutivo podrá disponer cualquier mecanismo durante un plazo de cinco años. En sentido similar fue el planteo del diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) quien advirtió que “se va a producir una mora porque el agua, al no poder cortarse, es uno de los últimos servicios que la gente paga, más en época de pandemia”.

El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) recalcó que el EPAS es un organismo autárquico y descentralizado y ‘per se’ tiene facultades suficientes para decidir sobre las posibilidades que plantea el proyecto. Opinó que, en ese sentido, es una redundancia y pidió que se compatibilice con la ley de creación del organismo con una mirada “con mucho realismo y transparencia”.

Su compañera de bloque, Karina Montecinos, se pronunció a favor de ampliar la posibilidad de adhesión a los planes de pago de la deuda para incluir a las personas que no están bancarizadas, como así también de los tiempos y las quitas. A la vez, observó que la propuesta otorga al gobernador permisos y atribuciones durante muchos años, por lo que pidió acotar esos plazos. Por otro lado, planteó que el proyecto fue presentado antes de la pandemia, en un contexto en el que se pensaba una provincia con determinados ingresos y niveles de precio en el barril de petróleo, por lo que es necesario ver en qué situación se va a encontrar después o durante esta coyuntura.