Piden el "máximo de pena posible" para funcionarios judiciales de la dictadura

El fiscal general Miguel Palazzani solicitó que se imponga la pena de 25 años de prisión para el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, por crímenes de lesa humanidad en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado. Así lo expresó en la última jornada de su alegato -iniciado el 26 de agosto pasado- ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén que se realizó el viernes.

“No sólo estamos aquí para conocer la verdad histórica, sino también para solicitar una sanción adecuada”, expresó el fiscal y agregó: “Venimos a poner fin a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad”.

La fiscalía pidió también para Duarte y a Ortiz inhabilitación absoluta al considerarlos autores penalmente responsables del delito de omisión de promover la acción penal -en el caso de Duarte reiterado en 25 oportunidades, y en el de Ortiz en 24 hechos-; y por ser partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia y por ser la víctima una perseguida política, reiterado en ocho oportunidades. Asimismo, Duarte fue considerado autor del delito de prevaricato cometido en 17 hechos, por el cual la fiscalía requirió la inhabilitación perpetua.

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Durante una parte de su alegato, Palazzani se enfocó en el análisis de distintos habeas corpus que presentaron los familiares de José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Javier Seminario Ramos, víctimas de los hechos que se investigan y entre otras frases, el fiscal afirmó: “No pudo haber Duarte sin Ortiz y viceversa, el tándem tenía que ser fiscal y juez. No había ninguna duda que estaban puestos ahí para asegurar impunidad”. 

“No se puede hacer del sistema punitivo y judicial una herramienta perversa para darle cobertura al terror”, remarcó el fiscal sobre el rol de los acusados.

 

Indicó que “los dos acusados no han sido ajenos al daño y sufrimiento de los familiares, al contrario, han sido un eslabón fundamental para que ese dolor se produjera y se consolidara”. “Hace décadas los familiares desesperados recurrían al juez y al fiscal. Era su último refugio y defraudaron de manera criminal esas expectativas. Llegó la hora de restaurar, en parte, la confianza”, expresó Palazzani.

Por otra parte, Palazzani  solicitó que los imputados dejen de cobrar “verdaderas jubilaciones de privilegio millonarias” y que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) adecúe los haberes previsionales. Asimismo, requirió que se remita copia de la sentencia a la Procuración del Tesoro de la Nación, a fin de que se arbitren las acciones administrativas y judiciales para que se reclame la devolución lo que ilegítimamente se pagó como jubilación.

También solicitó como medida de reparación simbólica que se remita copia de la eventual sentencia a los colegios de abogados de la provincia de Neuquén “para que se arbitren los procedimientos disciplinarios correspondientes a efectos de juzgar la idoneidad ética de los matriculados Duarte y Ortiz para ejercer la profesión, como modo de contribuir, desde esa institución, al proceso de memoria y verdad”.

Por otra parte, Palazzani pidió una señalización en el edificio de la calle Sarmiento 444 -donde funcionó hasta 1978 el Juzgado Federal de Neuquén- con una leyenda que diga “que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de funcionarios judiciales”. Para el fiscal, Duarte y Ortiz “degradaron la dignidad de la delicadísima función judicial a niveles jamás vistos”.

“Creemos que estamos ante la oportunidad que con estas medidas de reparación el Poder Judicial pueda, de alguna manera, volver a mirar a la cara a los ciudadanos neuquinos, sin esta cuenta pendiente”, sostuvo Palazzani. En tanto, sobre el rol de los acusados, remarcó: "no se puede hacer del sistema punitivo y judicial una herramienta perversa para darle cobertura al terror”.