La sala de audiencias 12 del edificio de la Ciudad Judicialde Neuquén tuvo este viernes el clima espeso que suelen tener las causas cuando las puertas se abren al escándalo. A las 8.30, la exvicegobernadora Gloria Ruiz se sentó en el banquillo para escuchar los cargos que el Ministerio Público Fiscal le formuló: enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada por perjuicio al Estado.
A unos metros, su hermano Pablo Ruiz, excoordinador de la Casa de las Leyes; y frente a ellos, dos exfuncionarias de la Legislatura, Isabel Richini y Élida Sánchez, acusadas como partícipes necesarias de las maniobras. La fiscalía sostiene que, en conjunto, los movimientos financieros bajo investigación superan los 180 millones de pesos.
El fiscal Juan Narváez, acompañado por los letrados Tanya Cid y Facundo Bernat, detalló tres hechos centrales. El primero: la compra de una camioneta Toyota SW4 4x4, valuada en 76 millones de pesos —hoy más de 110 millones—, apenas semanas después de que Ruiz asumiera como vicegobernadora. Según la acusación, no pudo justificar con claridad el origen de los fondos.
El segundo, la contratación directa de la empresa Big Sur Marketing, por 45 millones de pesos, para una campaña publicitaria en la que se habría promocionado a la propia Ruiz, violando la ley de despersonalización de los actos de gobierno. “Utilizó piezas institucionales en sus redes personales”, afirmó Narváez.
El tercero involucra a su hermano, Pablo Ruiz, por contratos con la empresa Pedro Sauer, que habría facturado otros 45 millones de pesos por impresiones y banners para la Legislatura. La fiscalía sostiene que esas contrataciones se realizaron por fuera de las normas de la Ley 2141 de Administración Financiera, con la complicidad de las dos exfuncionarias.
Según la acusación de la fiscalía, en el período en que estuvo al frente de la Legislatura, Ruiz cometió maniobras ilegales por 246 millones de pesos (valores actualizados). En ese período, del 10 de diciembre de 2023 hasta que fue destituida por inhabilidad el 19 de diciembre de 2024, los ingresos económicos por los haberes fueron de 2,3 millones de pesos a 5 millones de pesos.
Defensas activas y gestos políticos
La defensa de Ruiz estuvo a cargo del exjuez Alberto Balladini y Maximiliano Rodríguez, quienes evitaron el enfrentamiento directo con la fiscalía pero plantearon un pedido clave: que la Legislatura informe sobre todas las contrataciones directas entre 2019 y 2023, período en el que presidía el cuerpo Marcos Koopmann.
“Tenemos información de que el Tribunal de Cuentas aprobó compras similares a las que ahora cuestiona la fiscalía”, sostuvo Balladini, insinuando que el caso podría tener una lectura política más amplia.
El juez Lucas Yancarelli dio lugar a la formulación de cargos y ordenó la inhibición general de bienes de los imputados, pero rechazó el pedido de la fiscalía para declarar el caso “complejo”. El plazo para la investigación será de cuatro meses.
El recuerdo de la destitución
Balladini aprovechó su intervención para volver sobre un capítulo reciente: la destitución de Gloria Ruiz como vicegobernadora. “Sufrió el ultraje que la Legislatura le produjo. Se soslayó el debido proceso, fue un atropello institucional”, lanzó, en tono político más que jurídico.
Ruiz mantiene aún aspiraciones electorales: es candidata a diputada nacional. Su imagen, otrora símbolo del recambio político local, quedó ahora atada a un expediente voluminoso que mezcla publicidad oficial, gastos de representación y vínculos familiares.
Una 4x4, una campaña y un apellido bajo sospecha
La fiscalía sostiene que la camioneta Toyota SW4, adquirida en junio de 2024, representa un salto patrimonial incompatible con su sueldo como vicegobernadora. Ruiz declaró ingresos que iban de 2 a 5 millones de pesos mensuales, pero no presentó documentación que respalde los movimientos que le permitieron comprar el vehículo.
“Las explicaciones no fueron suficientes”, dijo el fiscal Narváez. Las versiones sobre préstamos, ventas de autos anteriores y pagos con tarjeta no convencieron.
En paralelo, la contratación con Big Sur Marketing también generó ruido político: la empresa realizó piezas audiovisuales y gráficas institucionales que luego fueron utilizadas en redes personales de Ruiz, en plena gestión. “Fue una promoción de su figura pagada con fondos públicos”, concluyó la acusación.
El juez Yancarelli cerró la audiencia cerca de la 14.30. El apellido Ruiz, que llegó al poder con el discurso de la transparencia y la renovación, hoy carga con una causa que pone en cuestión el manejo de los fondos públicos dentro de la Legislatura neuquina. Mientras la fiscalía tiene cuatro meses para cerrar la investigación y decidir si eleva la causa a juicio.
